Sociedad civil española envía carta a la UE ante lo que califica de ataque al Estado de Derecho
La plataforma “De español a español por la Constitución”, junto a treinta asociaciones y colectivos de toda España, ha enviado una nueva carta conjunta a las instituciones europeas para denunciar lo que consideran un ataque sostenido al Estado de Derecho y casos de corrupción por parte del presidente del Gobierno.
El escrito, dirigido a organismos de la Unión Europea, detalla varias actuaciones del Ejecutivo español que, según los firmantes, comprometen la seguridad nacional e internacional, así como la imagen democrática del país. Entre los hechos mencionados se incluyen la anulación de un contrato de aviones militares con Estados Unidos, advertencias internacionales sobre acuerdos con Huawei, y la pérdida de una ruta marítima estratégica en Algeciras. Además, la carta señala la presencia de un funcionario de la inteligencia venezolana en España, cuya entrada está prohibida en la Unión Europea, y la falta de reconocimiento oficial del presidente de Venezuela, González Urrutia, por parte del Gobierno español.
Los firmantes califican estas acciones como un “golpe de Estado de última generación”, subrayando que su impacto trasciende a España y afecta a Europa en su conjunto. El informe GRECO también es citado para señalar el supuesto incumplimiento de exigencias contra la corrupción por parte del Ejecutivo.
En la carta, Amalio de Marichalar, conde de Ripalda y coordinador de “De español a español por la Constitución”, anuncia que llevará un dossier completo a la Comisión del Parlamento Europeo el próximo 25 de septiembre, con el objetivo de visibilizar la situación y solicitar medidas extraordinarias, incluyendo la rectificación del presidente del Gobierno, su dimisión y la convocatoria de elecciones libres y seguras.
Esta iniciativa busca, según sus promotores, alertar a Europa sobre los riesgos para la democracia española y reclamar la intervención de las instituciones europeas ante lo que califican de falta de respeto al Estado de Derecho y la transparencia en la gestión pública.