Sociedad civil catalana se moviliza en defensa de la Constitución y en homenaje a las víctimas del terrorismo

Acto homenaje a la Constitución en Cataluña - Foto Amalio de Marichalar
Un reconocimiento firmado por la sociedad civil catalana, con la entrega del Primer Premio al Mérito Constitucional

Barcelona acogió este jueves un acto de especial relevancia cívica en defensa de la Constitución y en homenaje a las víctimas del terrorismo. La ceremonia, organizada por Espanya i Catalans y Cataluña Suma por España, reunió a numerosas entidades, representantes municipales y miembros de la sociedad civil en los salones del Hotel Catalonia.

El encuentro, que llenó por completo el auditorio, contó con la presencia destacada de Jaime Mayor Oreja y María San Gil, además de figuras del asociacionismo constitucionalista.

El momento central de la jornada fue la entrega del Primer Premio al Mérito Constitucional, otorgado a las Víctimas del Terrorismo, que fue recogido por José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo.

Un acto para reconocer la dignidad de las víctimas y reivindicar la vigencia de la Constitución

El presidente de Espanya i Catalans, Manuel Lanzan, abrió la sesión subrayando la necesidad de mantener vivo el testimonio y la memoria de quienes han sufrido la violencia terrorista. Tras él intervino Javier Megino, vicepresidente de Espanya i Catalans y secretario general de Cataluña Suma, que contextualizó el encuentro en el marco del aniversario de la Constitución y recordó la trayectoria de ambas asociaciones, responsables de actos cívicos masivos como la celebración de la Fiesta Nacional o el Día de la Hispanidad en Cataluña.

La presentación dio paso a un coloquio moderado por Megino e Isabel Calero, responsable de Relaciones Institucionales de Cataluña Suma. En él, Jaime Mayor Oreja centró su intervención en alertar del “proceso de ruptura” que, a su juicio, vive España desde los años de los pactos con el entorno de ETA. El exministro denunció que el proyecto de “destrucción de la nación jurídica y política” sigue avanzando y reclamó a la sociedad civil “mantenerse firme” frente a cualquier intento de erosionar la Constitución.

Por su parte, María San Gil reivindicó el papel de las víctimas del terrorismo como “pilar moral de la democracia” y llamó a los partidos constitucionalistas a actuar con unidad, responsabilidad y previsión ante los próximos ciclos electorales. En su discurso advirtió de la necesidad de garantizar la limpieza de los procesos electorales y de reforzar los contrapesos que sostienen el Estado de Derecho.

Apoyo de entidades civiles y presencia institucional

Entre el público asistieron representantes del Grupo Municipal del PP, liderado por Daniel Sierra, y del Grupo Municipal de Vox, encabezado por Gonzalo de Oro, además de miembros de Ciudadanos y otros colectivos cívicos y culturales. También acudieron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyo papel en la defensa de la legalidad fue ampliamente reconocido durante el acto.

En el turno abierto de intervenciones tomó la palabra Amalio de Marichalar, de la plataforma De español a español por la Constitución, que destacó la resistencia cívica de las asociaciones organizadoras y su defensa diaria del marco constitucional desde Cataluña. De Marichalar animó a los partidos a anteponer los intereses de España ante cualquier negociación o pacto postelectoral.

Entrega del Premio al Mérito Constitucional y cierre del encuentro

El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo, José Vargas, recogió el reconocimiento visiblemente emocionado. En su discurso agradeció el homenaje y puso en valor el trabajo silencioso y constante de quienes, desde hace décadas, han mantenido viva la defensa de la libertad frente a la violencia terrorista.

La jornada concluyó con una cena-coloquio en la que ponentes, asistentes y representantes de asociaciones civiles analizaron los desafíos actuales para la independencia judicial, el Estado de Derecho y la calidad democrática. El encuentro finalizó con un llamamiento compartido a la unidad social y política para “reconducir con urgencia” la situación institucional en España.