Los arquitectos especialistas del COAM evaluan los daños de los incendios en Madrid
Cuando el fuego deja de avanzar y los servicios de emergencia abandonan el terreno, comienza una fase menos visible, pero igual de decisiva. Las llamas pueden haber sido extinguidas, pero permanece la incertidumbre de cientos de familias que desconocen si podrán volver a entrar en sus casas, si la estructura sigue siendo segura o si deberán afrontar una rehabilitación de gran calado o incluso la pérdida definitiva de su vivienda.
Es en ese momento cuando entra en escena un colectivo cuya labor rara vez ocupa titulares, pero que resulta imprescindible para devolver la normalidad a los municipios afectados: los arquitectos especializados en evaluación de daños.
Tras los incendios forestales que durante las últimas semanas han devastado parte del suroeste de la Comunidad de Madrid, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha puesto en marcha, en coordinación con el Gobierno regional, un dispositivo técnico destinado a inspeccionar edificios, valorar su estado estructural y elaborar los informes que servirán de base para la recuperación de las zonas afectadas.
Lejos de limitarse a un trabajo de peritaje, su intervención condiciona decisiones de enorme trascendencia: determinar si una vivienda puede volver a ocuparse con seguridad, identificar riesgos estructurales ocultos y facilitar que los propietarios puedan acceder a las ayudas públicas para reconstruir sus inmuebles.
Una necesidad detectada sobre el terreno
La iniciativa nació de una realidad compartida por numerosos pequeños municipios madrileños: muchos ayuntamientos carecen de suficientes técnicos propios para responder con rapidez a una emergencia de estas dimensiones.
La acumulación de inspecciones, informes y expedientes administrativos supera con frecuencia la capacidad de las plantillas municipales, especialmente en localidades rurales donde el arquitecto municipal presta servicio únicamente determinados días de la semana o incluso comparte funciones entre varios municipios.
Según explica el decano del COAM, Sigfrido Herráez, fue precisamente esa necesidad la que trasladó a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, planteando la posibilidad de movilizar un equipo especializado de arquitectos colegiados capaz de reforzar temporalmente a las administraciones locales.
La propuesta fue asumida por la Comunidad de Madrid y terminó cristalizando en un modelo de colaboración institucional que hoy permite disponer de profesionales altamente cualificados allí donde más se necesitan.
Un equipo preparado antes de que llegara la emergencia
La rapidez de la respuesta no fue fruto de la improvisación.
Mucho antes de los incendios de este verano, el COAM ya había constituido un grupo operativo de respuesta ante grandes catástrofes.
Creado en 2025 a petición de los propios colegiados, este dispositivo estaba concebido para actuar en situaciones extraordinarias como incendios forestales, inundaciones, temporales o cualquier otra emergencia que afectara al parque edificatorio.
Actualmente, el grupo inicial está integrado por 33 arquitectos especializados distribuidos en distintas áreas de conocimiento como la conservación y rehabilitación; la construcción, materiales y sistemas, la patología de la edificación; el patrimonio arquitectónico; el urbanismo; las tasaciones; las estructuras y cimentaciones; laprotección contra incendios; las instalaciones; y las infraestructuras urbanas.
Esta organización permite asignar el profesional más adecuado en función del tipo de daño detectado. No requiere la misma intervención una vivienda completamente calcinada que otra donde únicamente existen afecciones parciales en cubiertas, forjados, pilares o elementos estructurales.
Cómo se inspecciona una vivienda después de un incendio
Uno de los aspectos más llamativos del operativo es su metodología de trabajo.Las inspecciones no son realizadas únicamente por un arquitecto, cada intervención se desarrolla mediante brigadas formadas por un arquitecto especializado; un agente de policía; y un funcionario público o representante municipal.
Este sistema persigue varios objetivos simultáneos.
Por una parte, garantizar la seguridad durante el acceso a inmuebles potencialmente inestables.
Por otra, dotar de plena trazabilidad administrativa a cada actuación y facilitar posteriormente la tramitación de ayudas y expedientes municipales.
El arquitecto realiza una inspección técnica completa del inmueble, identifica posibles riesgos y redacta un informe que posteriormente será supervisado y validado por los técnicos municipales competentes.
Es precisamente ese informe el que servirá de base para muchas de las decisiones posteriores de la Administración.
Mucho más que un informe técnico
El trabajo de estos profesionales va mucho más allá de comprobar si una pared presenta grietas o si una cubierta ha resultado dañada.
Tras un incendio forestal pueden aparecer patologías estructurales difíciles de detectar a simple vista.
El calor extremo modifica el comportamiento del hormigón, debilita elementos metálicos, compromete vigas de madera, altera cubiertas y puede afectar incluso a cimentaciones dependiendo de la intensidad y duración del fuego.
Determinar si una vivienda sigue siendo habitable exige una evaluación rigurosa realizada por especialistas.
Para muchas familias, además, la llegada del arquitecto representa el primer contacto con una valoración independiente sobre el futuro de su vivienda.
La confianza que genera un profesional ajeno al conflicto y respaldado por una institución colegial constituye, según el COAM, uno de los elementos más importantes de todo el proceso de recuperación.
La profesionalización frente al voluntariado
Uno de los aspectos que Herráez defendió desde el primer momento fue que esta colaboración no descansara exclusivamente sobre el voluntariado.
Aunque el compromiso solidario de numerosos arquitectos fue inmediato, el decano consideró que la magnitud de las responsabilidades asumidas hacía necesario un modelo profesionalizado.
Las inspecciones implican desplazamientos continuos, utilización de equipos de protección individual, responsabilidad técnica y jornadas de trabajo intensivas en escenarios complejos.
Por ese motivo, el COAM solicitó a la Comunidad de Madrid que los arquitectos fueran contratados para desarrollar estas funciones.
La propuesta fue aceptada por el Ejecutivo regional, de forma que los profesionales trabajan dentro de un marco retribuido que reconoce la responsabilidad asumida durante las inspecciones.
La respuesta del colectivo obligó a ampliar el dispositivo
El grupo inicial comenzó a trabajar con los especialistas que ya formaban parte del dispositivo creado en 2025.
Sin embargo, conforme aumentaban las necesidades sobre el terreno y parte de los arquitectos se encontraban de vacaciones o inmersos en otros compromisos profesionales, el Colegio decidió abrir una convocatoria urgente para incorporar nuevos especialistas.
La respuesta volvió a superar las expectativas.
Los arquitectos inscritos conocían ya perfectamente el trabajo que iban a desarrollar y la disponibilidad de los nuevos voluntarios fue prácticamente total.
Para participar en las inspecciones, el COAM exige además que cada profesional disponga de un equipo mínimo de protección individual compuesto por casco, botas de seguridad, chaleco reflectante, gafas de protección, mascarillas y guantes adecuados para acceder con seguridad a edificios afectados por el fuego.
El problema que llega después: las viviendas sin licencia
Mientras los arquitectos evalúan daños estructurales, existe otra cuestión especialmente delicada cuya resolución corresponde ahora a las administraciones.
En numerosos entornos rurales existen edificaciones levantadas hace décadas cuya situación urbanística presenta importantes singularidades.
Algunas carecen de licencia, otras fueron construidas en suelo no urbanizable y muchas ni siquiera disponen de cobertura aseguradora precisamente por esa situación administrativa.
Los técnicos realizan igualmente la valoración estructural de estos inmuebles.
Sin embargo, una vez emitidos los informes, surge un debate jurídico mucho más complejo: determinar si esas viviendas pueden reconstruirse exactamente donde estaban, qué derechos consolidados poseen sus propietarios y cuál será el tratamiento administrativo que recibirán tras el incendio.
Se trata de una de las cuestiones que previsiblemente marcarán la fase de reconstrucción durante los próximos meses.
Un modelo que podría extenderse a otros colegios profesionales
La experiencia desarrollada en Madrid ha abierto además la puerta a un nuevo modelo de respuesta ante grandes emergencias.
El convenio firmado entre la Comunidad de Madrid y la Unión Profesional de la Comunidad de Madrid permite movilizar recursos técnicos procedentes de distintos colegios profesionales cuando una situación extraordinaria lo requiera.
Eso significa que, además de arquitectos, en futuras emergencias podrían incorporarse ingenieros, abogados, médicos u otros profesionales especializados según las necesidades de cada crisis.
Para el COAM, este modelo representa una forma de trasladar a la sociedad la función de servicio público que desempeñan las corporaciones profesionales más allá de sus funciones tradicionales.
Una reconstrucción que empieza con una decisión técnica
Los incendios forestales suelen medirse por hectáreas quemadas, medios desplegados o viviendas afectadas.
Sin embargo, la verdadera recuperación comienza días después, cuando un arquitecto cruza por primera vez el umbral de una casa devastada y responde a la pregunta que más preocupa a quienes lo han perdido casi todo: ¿es seguro volver a entrar?
La respuesta condiciona el futuro inmediato de cada familia, activa las ayudas públicas, orienta las labores de reconstrucción y marca el inicio del regreso a la normalidad.
En esa fase silenciosa, lejos de los focos que acompañan a la emergencia, la arquitectura se convierte en una herramienta esencial de protección civil, recuperación territorial y servicio público. La experiencia impulsada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid demuestra que disponer de equipos especializados antes de que llegue una catástrofe puede marcar la diferencia entre una recuperación lenta y otra capaz de ofrecer respuestas rápidas, rigurosas y seguras a los ciudadanos.