Rechazado el recurso del fiscal general: el Supremo avala su procesamiento por revelación de secretos
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos, después de que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo haya rechazado el recurso que presentó contra su procesamiento.
Con esta decisión, el Supremo avala el auto dictado por el juez Ángel Hurtado y confirma la apertura de juicio contra García Ortiz por la filtración del correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, admitía haber cometido dos delitos fiscales. La decisión llega tras meses de investigación y un recurso del fiscal general que el alto tribunal ha desestimado por mayoría.
Pilar Rodríguez, fuera del proceso
La resolución también deja fuera del procedimiento a Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, al considerar que no existen indicios que sustenten su participación en los hechos. El Tribunal estima así su recurso y afirma que no tuvo capacidad de supervisión ni colaboró en la redacción de la nota de prensa que contenía información confidencial sobre la causa.
“La prueba indiciaria no permite concluir que existiera un plan conjunto con el fiscal general del Estado”, asegura la resolución judicial.
División en la Sala de Apelaciones
La decisión no fue unánime. El magistrado Eduardo Porres, de perfil progresista, emitió un voto particular discrepante, en el que abogaba por el sobreseimiento de la causa para ambos investigados. En su escrito, Porres considera que no está “suficientemente justificado” el delito atribuido a García Ortiz y critica que la valoración mayoritaria haya sido “radicalmente divergente” con respecto a su propuesta.
Una filtración con implicaciones políticas
El caso tiene un fuerte componente político. El juez Hurtado afirmó en su auto que la revelación del correo pudo obedecer a “indicaciones de La Moncloa”, aunque reconoció no disponer de pruebas concluyentes al respecto. El correo filtrado habría sido difundido con el objetivo de desacreditar públicamente a la pareja de Ayuso, en plena polémica política por sus negocios privados.
El Supremo sostiene ahora que la filtración fue “coordinada e impulsada personalmente” por García Ortiz y que la eliminación de mensajes en su teléfono móvil tras iniciarse la investigación representa “un potente contra indicio” habitual en procedimientos penales.
Por estos hechos, González Amador solicita cuatro años de prisión y tres de inhabilitación para el fiscal general, al que acusa de haber vulnerado el deber de confidencialidad y actuar con fines políticos.
Rechazo del recurso del fiscal general
En su recurso, García Ortiz había defendido que las acusaciones estaban “basadas en imputaciones infundadas o voluntaristas”. La Sala, sin embargo, considera que hay base suficiente para que se celebre juicio oral, donde deberá responder por su presunta responsabilidad penal en la revelación de datos reservados.