Vecinos de Montecarmelo exigen dimisiones por el proyecto del cantón de limpieza y elevan la presión al Ayuntamiento

La controversia por el proyecto del cantón de limpieza en Montecarmelo sigue escalando. Representantes de la Asociación Vecinal y la Plataforma No al Cantón han exigido la dimisión del alcalde José Luis Martínez-Almeida, junto al delegado Borja Carabante y el concejal José Antonio Martínez Páramo, a quienes acusan de falta de transparencia, descalificaciones y contradicciones en torno al proyecto.

El conflicto, que se prolonga desde hace casi tres años, ha intensificado la tensión entre vecinos y Ayuntamiento, con movilizaciones, recursos judiciales y un creciente malestar en el barrio.

Acusaciones de falta de claridad sobre el proyecto

Los colectivos vecinales sostienen que el Ayuntamiento ha presentado el proyecto como un cantón auxiliar con vestuarios, cuando, según su interpretación de la documentación oficial, se trataría de una instalación de mayor envergadura con carácter industrial.

En este sentido, denuncian que el proyecto ocuparía una superficie de hasta 5.800 metros cuadrados, de los cuales solo una parte mínima correspondería a vestuarios, mientras que el resto estaría destinado a maquinaria y servicios asociados.

Para respaldar sus argumentos, han presentado un informe de 71 páginas en el que recopilan, según afirman, datos, documentos y respuestas oficiales que cuestionan la versión municipal.

Respuesta del Ayuntamiento: instalaciones reducidas

Desde el Gobierno municipal se insiste en que el proyecto ha sido reducido al mínimo, limitándose a vestuarios para operarios y pequeñas oficinas administrativas, sin incluir la base del Selur ni instalaciones de gran impacto.

El alcalde ha defendido que el desarrollo del cantón desmontará lo que considera “mentiras y exageraciones” difundidas por algunos colectivos, en referencia a comparaciones con instalaciones industriales de gran escala.

Preocupación por el entorno y los menores

Uno de los principales argumentos de los vecinos es el impacto que la instalación podría tener en el entorno urbano. Señalan la proximidad a centros educativos, viviendas y zonas verdes, así como el posible aumento del tráfico de vehículos pesados.

Según los portavoces, la zona afectaría a más de 4.200 menores, lo que consideran incompatible con un entorno seguro y saludable.

Además, denuncian la pérdida de arbolado y espacios naturales, en un área que actualmente es utilizada como zona verde por los vecinos.

Petición de intervención y alternativas

Los colectivos han solicitado la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para mediar en el conflicto y revisar la ubicación del proyecto.

Asimismo, plantean como alternativa el traslado del cantón a suelo industrial cercano, argumentando que existen parcelas disponibles que permitirían compatibilizar el servicio con el bienestar vecinal.

Movilización social y vía judicial

El rechazo vecinal se ha materializado en siete manifestaciones multitudinarias y la recogida de 14.000 firmas, además de diversas acciones legales que mantienen el proyecto bajo revisión judicial.

Los portavoces han advertido de que continuarán con las movilizaciones y no descartan nuevas acciones legales, insistiendo en la necesidad de abrir un diálogo real con el Ayuntamiento.

Un conflicto abierto sin solución inmediata

El enfrentamiento entre vecinos y Consistorio refleja la dificultad de conciliar infraestructuras de servicio público con la convivencia urbana, especialmente en zonas residenciales en expansión.

Mientras el Ayuntamiento defiende la necesidad del equipamiento y su reducción, los vecinos reclaman transparencia, diálogo y reubicación, en un conflicto que sigue sin una solución definitiva.