Madrid refuerza la protección infantil con 92,8 millones para acogimiento residencial
La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 92,8 millones de euros para garantizar el mantenimiento de 354 plazas de acogimiento residencial en hogares destinados a menores de entre 0 y 18 años bajo tutela de la Administración regional, según ha informado este miércoles el Consejo de Gobierno.
Esta financiación, enmarcada en un nuevo Acuerdo Marco para los próximos cuatro años, busca reforzar la red pública de protección a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad.
Estos recursos residenciales, estructurados en unidades familiares de convivencia reducida, están diseñados para reproducir un entorno hogareño estable y seguro, permitiendo incluso la convivencia entre hermanos de distintas edades, algo especialmente relevante para preservar los vínculos afectivos en los procesos de separación familiar.
Centros adaptados para favorecer el desarrollo integral de los menores
El objetivo de este Acuerdo Marco es garantizar la calidad del servicio prestado por las entidades adjudicatarias, que deberán crear entornos adecuados, seguros y estimulantes para los menores acogidos. Además, los hogares estarán ubicados estratégicamente cerca de centros educativos, recursos de salud, instalaciones deportivas, sociales y culturales, facilitando así la integración y el desarrollo integral de los jóvenes.
La medida refuerza el compromiso de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales con los menores que no pueden permanecer con su familia de origen por circunstancias adversas o porque las medidas de reunificación familiar no han prosperado. El acogimiento residencial, de carácter temporal, se establece como una solución transitoria orientada a la integración sociofamiliar, en la medida en que las condiciones lo permitan.
Protección infantil como prioridad del Gobierno regional
La Comunidad de Madrid cuenta con una amplia red de hogares y centros especializados que ofrecen atención personalizada, supervisión continua y apoyo psicológico y educativo a los menores tutelados. La apuesta por este modelo de convivencia en hogares, en lugar de grandes instituciones, refleja una evolución en las políticas de protección a la infancia, centradas en el bienestar emocional, la estabilidad afectiva y la educación en valores.
La nueva adjudicación sustituye a los contratos anteriores, permitiendo actualizar y mejorar las condiciones de estos servicios públicos esenciales. Con esta inversión, el Ejecutivo regional refuerza su compromiso con los derechos de la infancia y pone el foco en una atención residencial digna, inclusiva y cercana, fundamental para el futuro de los menores tutelados.