Reconocimiento

La Comunidad, premiada por el CGPJ por implantar la figura del experto facilitador judicial

La viceconsejera de Justicia y Víctimas ha recogido hoy el Premio Calidad de la Justicia en la categoría de entidades y organismos - Foto Comunidad de Madrid
El Consejo General del Poder Judicial reconoce la labor pionera del Ejecutivo regional en favor de la accesibilidad a la justicia para personas con discapacidad

La Comunidad de Madrid ha sido distinguida con el Premio Calidad de la Justicia en la categoría de entidades y organismos, un galardón concedido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su duodécima edición.

La viceconsejera de Justicia y Víctimas, Carmen Martín, ha recogido este viernes el reconocimiento en un acto celebrado en la sede del órgano de gobierno de jueces y magistrados, en Madrid.

La distinción reconoce la implantación de la figura del experto facilitador judicial, una medida pionera a nivel nacional que tiene como objetivo garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en los procesos judiciales, en condiciones de igualdad y con pleno respeto a sus derechos.

“Este premio reconoce el trabajo del Ejecutivo autonómico por regular e implantar la figura del experto facilitador judicial, una medida que sitúa a Madrid como referente en justicia accesible en toda España”, ha señalado Martín durante la entrega del galardón.

Actualmente, la región ya cuenta con más de 150 expertos facilitadores judiciales formados y activos. Su función consiste en acompañar, informar y adaptar el lenguaje judicial a las capacidades y necesidades específicas de los ciudadanos con discapacidad que se ven inmersos en procedimientos judiciales.

Justicia accesible: una apuesta por la inclusión

La creación de esta figura responde a la necesidad de dar cumplimiento efectivo al principio de igualdad recogido en la Constitución Española y en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los expertos facilitadores judiciales permiten que las personas con dificultades cognitivas, sensoriales o psicosociales puedan comprender y participar en los procesos que les afectan, evitando barreras que limiten su derecho a la tutela judicial efectiva.