Un informe alerta del deterioro del Pacto de Toledo y del riesgo de insostenibilidad futura del sistema público de pensiones

El documento El Pacto de Toledo. Lo que fue y lo que es, publicado por Fedea y firmado por el economista Miguel Ángel García Díaz, ofrece un análisis crítico sobre la evolución del sistema público de pensiones en España y la transformación de los objetivos del Pacto de Toledo desde su creación en 1995. El informe —que repasa el contexto histórico, las reformas aprobadas y las proyecciones de gasto a 2050— concluye que el instrumento ha pasado de ser un mecanismo de consenso para garantizar la sostenibilidad del sistema a convertirse en un espacio de promesas políticas difícilmente financiables.

El texto recuerda que el Pacto nació en un momento marcado por un fuerte desequilibrio fiscal: entre 1977 y 1995 el gasto público aumentó 18,2 puntos del PIB, mientras que los ingresos solo crecieron 11,9 puntos, llevando el déficit al 6,8% del PIB. En esa etapa, el gasto en pensiones se había disparado del 5,4% al 8,2% del PIB, presionando la financiación del sistema y obligando al Estado a incrementar sus transferencias.

El diseño inicial: separación de fuentes y solidez financiera

El informe subraya que la clave fundacional del Pacto fue la separación de fuentes de financiación, un principio destinado a asegurar que las prestaciones contributivas se sostuvieran exclusivamente con cotizaciones, mientras que las universales y no contributivas dependieran de impuestos. Esta estructura permitió, durante los primeros años, que la Seguridad Social mostrara incluso un excedente, tal como refleja la tabla del presupuesto liquidado incluida en el documento.

A partir de ahí, el Pacto se desarrolló mediante acuerdos sucesivos (1996, 2003, 2007, 2011) que endurecieron gradualmente los parámetros de acceso a la jubilación: ampliación de años cotizados, incremento de la edad legal y ampliación del periodo de cálculo. Estas medidas, según el informe, contuvieron parcialmente el crecimiento del gasto.

Las reformas de crisis y el cambio de rumbo

El estudio detalla cómo la crisis financiera de 2008 alteró el equilibrio político y económico: el déficit público superó el 11% del PIB y el sistema de pensiones entró en déficit tras años de bonanza artificial generada por la burbuja inmobiliaria. Los gráficos del informe muestran que, sin ese ciclo anómalo, el sistema habría entrado en números rojos ya en 2001, no en 2011.

En ese contexto surgió la reforma de 2013, aprobada sin consenso social, que incorporaba el Índice de Revalorización (IRP) y el factor de sostenibilidad. El autor destaca que estas medidas ofrecían fórmulas para equilibrar ingresos y gastos, pero fueron atacadas políticamente y etiquetadas como recortes pese a permitir incrementos superiores al 0,25% si los ingresos lo permitían.

El nuevo Pacto de Toledo: un giro hacia el cortoplacismo

La actualización del Pacto en 2020, aprobada por amplia mayoría parlamentaria, supuso un cambio profundo de orientación. Aunque las 21 recomendaciones mantienen una apariencia técnica, el informe denuncia que han perdido coherencia interna y que responden más a la presión del electorado pensionista que a criterios de sostenibilidad.

El texto destaca que la prioridad política actual es mantener la tasa de reposición más alta de la UE, del 77,4%, frente a la media del 44,5%, y garantizar el poder adquisitivo mediante revalorización con el IPC. Según las estimaciones recogidas, esta decisión elevará el gasto en pensiones entre 3,1 y 5,5 puntos del PIB en 2050, dependiendo de la metodología. El gráfico de proyecciones del informe sitúa el gasto total en torno al 18,5% del PIB a mitad de siglo.

Un sistema cada vez menos contributivo

El documento alerta de un deterioro significativo del principio de contributividad:

• Las transferencias y préstamos del Estado ya representan el 27% de los ingresos del sistema.

• Aumenta la parte de las cotizaciones que no computa para la pensión (bases máximas no correspondidas, cuota de solidaridad).

Para el autor, esta tendencia rompe el espíritu original del Pacto y abre la puerta a una mayor discrecionalidad política en la evolución del gasto, incrementando el riesgo fiscal.

Conclusión: un Pacto que ya no cumple su función

El informe concluye con un diagnóstico contundente: el Pacto de Toledo ha dejado de ser un instrumento útil para promover acuerdos estructurales y se ha convertido en una “subasta política”, donde los partidos rivalizan por ofrecer más beneficios al electorado pensionista, sin cuantificar sus efectos económicos ni quién deberá asumirlos en el futuro.