González Amador declara que la compra de la empresa investigada fue una operación legal
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió este jueves ante la jueza instructora la legalidad de la compra de la empresa Círculo Belleza SL, una sociedad sin apenas activos adquirida por 499.836 euros a la esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.
La declaración tuvo lugar en los Juzgados de Plaza de Castilla, en el marco de una pieza separada del procedimiento penal que investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.
La comparecencia de González Amador se prolongó durante casi dos horas y media. A diferencia de su declaración anterior, esta vez respondió a las preguntas de la jueza, la Fiscalía y su defensa, aunque evitó contestar a las acusaciones populares ejercidas por el PSOE y Más Madrid. El empresario insistió en que todas sus operaciones fueron “legales” y detalló sus ingresos procedentes del Grupo Quirón, incluyendo los relativos a la compra de la sociedad investigada.
Una sociedad sin activos, pero con "valor comercial"
Según el relato del empresario, la adquisición de Círculo Belleza SL se justificó por su “red de distribución”, a pesar de que la empresa carecía de empleados, sede física y, según informes de la Agencia Tributaria, sólo contaba con un portátil y tres aparatos de estética “sin valor”. González Amador aseguró que en el momento de la operación la Inspección de Hacienda no objetó nada, y explicó que su objetivo era agrupar sus negocios, no utilizar la sociedad como una pantalla fiscal.
Tras la compra, la empresa fue rebautizada como Masterman & Whitaker, una firma que habría sido utilizada para emitir facturas falsas a Quirón Prevención, según sostienen las acusaciones. Esto habría servido para eludir el pago de impuestos a través de la sociedad Maxwell Cremona, que administra el propio González Amador.
Vínculos con contratos durante la pandemia
Los vínculos entre el empresario y Quirón Prevención comenzaron en 2020, cuando actuó como intermediario en una operación para la venta de mascarillas a través de la empresa FCS, facilitando un contrato con MAPE —empresa en la que Camino es consejero— que le habría generado una comisión de dos millones de euros.
Las acusaciones creen que la estructura societaria creada por González Amador podría estar relacionada con este negocio y apuntan a posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, así como a un eventual fraude fiscal.
Otro procedimiento penal en curso
Además de esta pieza separada, González Amador ya se encuentra imputado por otro procedimiento penal por presunta falsedad documental y por haber defraudado presuntamente más de 350.000 euros a la Agencia Tributaria. En esa causa, también abierta por la magistrada Inmaculada Iglesias, el empresario se acogió a su derecho a no declarar en febrero, alegando que aún no contaba con toda la información de la ampliación de la investigación.
Durante su declaración de este jueves, también fue cuestionado por el ático en el que reside junto a Isabel Díaz Ayuso. En su respuesta, aseguró que el inmueble pertenece a otro empresario y que él lo alquila de forma legal, rechazando cualquier irregularidad en la operación.