Gobierno urge una estrategia integral contra la infiltración del crimen organizado en España
El Ejecutivo ha subrayado que la presencia de redes criminales en los tejidos social y económico del país representa un desafío complejo que exige una acción más allá de las tradicionales operaciones policiales. Según han señalado fuentes del Gobierno, la participación de otros sectores relevantes —como el social, el económico y el educativo— es esencial para desarticular las estructuras y minimizar su impacto.
Entre las preocupaciones manifestadas por el Gobierno figura la capacidad de las organizaciones criminales para penetrar en actividades legales y en relaciones económicas, dificultando su detección y combate. Este fenómeno, que no solo afecta a la seguridad pública, sino también al tejido productivo y a la confianza ciudadana, ha llevado a reclamar la necesidad de una estrategia más amplia que complemente la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Especialistas en criminología y políticas públicas coinciden en que los delitos organizados suelen aprovechar vulnerabilidades sociales y lagunas institucionales para afianzarse, lo que exige un enfoque multidimensional que combine fuerzas del orden con programas educativos, mecanismos de prevención y políticas socioeconómicas que reduzcan las oportunidades de expansión del crimen.
Organizaciones europeas de seguridad han advertido también de la creciente complejidad de las redes ilícitas, que operan con estructuras transnacionales y métodos sofisticados como el blanqueo de capitales, la corrupción y el uso de fachadas empresariales para ocultar actividades ilícitas, algo que requiere cooperación institucional y adaptación de las políticas públicas.
Aunque no se han detallado nuevas medidas concretas en este momento, la llamada del Gobierno a una respuesta multisectorial y coordinada plantea una discusión más amplia sobre cómo fortalecer la resiliencia de las comunidades y las instituciones frente a la expansión del crimen organizado dentro de España.