El Gobierno espera iniciar en abril la regularización de medio millón de inmigrantes en situación irregular
El Gobierno de España ha anunciado que espera iniciar en abril de 2026 el proceso de regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de inmigrantes en situación administrativa irregular, una medida que forma parte de un pacto con Podemos y que pretende dar seguridad jurídica y acceso a derechos básicos a estas personas, siempre que cumplan ciertos requisitos de residencia.
El Ejecutivo central ha avanzado que, tras un acuerdo político con la formación morada, el proceso de regularización de inmigrantes en situación irregular —estimado en torno a unas 500 000 personas— podría empezar a tramitase en abril a través de un real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros. La medida busca regularizar a quienes puedan demostrar al menos cinco meses de residencia continuada en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que no cuenten con antecedentes penales relevantes.
Este impulso para la regularización extraordinaria se enmarca tras meses de negociación entre el Gobierno y Podemos y revive un antiguo debate parlamentario que, en años anteriores, se había intentado canalizar sin éxito mediante una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700 000 firmas y que pasó a trámite en el Congreso en 2024. La tramitación por decreto-ley permite al Gobierno sortear posibles bloqueos parlamentarios para poner en marcha la iniciativa con mayor rapidez.
El plan contempla que, una vez aprobada la norma, las personas beneficiarias podrán obtener inicialmente un permiso de residencia provisional y autorización de trabajo, y más adelante una residencia ordinaria si cumplen los requisitos establecidos en el real decreto. Los solicitantes tendrán un plazo determinado desde la entrada en vigor de la norma —se ha hablado de hasta mediados de junio— para presentar la documentación acreditativa de su estancia en el país, que podrá incluir empadronamientos, recibos de suministros, informes médicos o contratos de alquiler.
El anuncio ha generado un intenso debate político y social. Mientras el Gobierno y sus aliados defienden la regularización como una respuesta a la realidad social existente y una forma de garantizar derechos fundamentales, partidos de la oposición han expresado críticas, advirtiendo sobre posibles implicaciones en servicios públicos y mercado laboral y señalando que la medida debería haber pasado por el Parlamento.