Estas son las propuestas que la FRAVM ha remitido al Gobierno de Ayuso ante la nueva Ley del Suelo
La FRAVM ha remitido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso un documento con propuestas y observaciones al Anteproyecto de Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
El objetivo, según explica la entidad, es garantizar una legislación que priorice el interés público, proteja el medio ambiente y potencie la construcción y rehabilitación de vivienda asequible.
La organización, que agrupa a 300 asociaciones vecinales en 51 municipios, acusa al Ejecutivo regional de volver a impulsar una norma “orientada a la liberalización y desregulación del suelo”, en detrimento de la planificación sostenible y el derecho a la vivienda.
Críticas al enfoque del anteproyecto
En su análisis, la FRAVM lamenta que el proceso de consulta pública se haya iniciado con una memoria “insuficiente” de apenas cinco páginas, sin un diagnóstico riguroso sobre el mercado inmobiliario, el suelo disponible ni las necesidades reales de los madrileños.
La federación reclama al Ejecutivo autonómico que la ley parta de los problemas estructurales del modelo territorial de la región, entre ellos:
- La carestía de la vivienda y la falta de oferta pública.
- La obsolescencia del parque residencial.
- El desequilibrio territorial entre el norte y el sur de la región.
- El impacto del cambio climático y la pérdida de patrimonio verde.
- La baja participación ciudadana en la planificación urbanística.
- La excesiva burocracia, que, advierte, “no debe usarse como excusa para desregular”.
Una batería de propuestas para un urbanismo sostenible
La FRAVM ha presentado una batería de medidas concretas que buscan transformar el modelo actual de desarrollo urbano y frenar la especulación. Entre las más destacadas se encuentran:
- Protección del suelo no urbanizable (SNU), limitando los usos ajenos a su naturaleza y erradicando asentamientos en zonas de riesgo ambiental.
- Incremento de las cesiones de suelo público del 10% al 15% del aprovechamiento urbanístico, con horquillas que incentiven la promoción de vivienda social.
- Cesión del derecho de superficie a entidades sin ánimo de lucro por un máximo de 75 años, para equipamientos públicos o viviendas protegidas.
- Obligación de reservar al menos el 50% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida, de las cuales la mitad se destinarán al alquiler.
- Entrega gratuita de 50 metros de suelo por cada 100 construidos para dotaciones públicas.
- Programación de la rehabilitación del parque de vivienda existente, integrándola en los planes regionales y municipales de estrategia territorial.
- Reequilibrio territorial como eje de la planificación autonómica.
- Mayor participación ciudadana en todas las fases del planeamiento.
Una llamada al equilibrio entre desarrollo y justicia social
Desde la FRAVM insisten en que la futura ley debe equilibrar el crecimiento urbano con la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Para ello, defienden que los poderes públicos utilicen los instrumentos de intervención en el mercado inmobiliario, refuercen los patrimonios públicos de suelo y garanticen que la agilización administrativa no se convierta en una puerta abierta a la especulación.
“La nueva Ley del Suelo no puede ser solo un mecanismo para acelerar licencias. Debe ser una herramienta de cohesión territorial y garantía de derechos”, señalan desde la organización vecinal.
Un debate abierto sobre el modelo territorial de Madrid
El documento de la FRAVM se suma al debate político y social que rodea a la futura norma, considerada clave para el desarrollo urbanístico de la próxima década.
La federación confía en que el Gobierno regional abra un diálogo real con la sociedad civil y los ayuntamientos antes de aprobar el texto definitivo.
Mientras tanto, el anteproyecto sigue su tramitación y podría ser debatido en la Asamblea de Madrid durante el primer semestre de 2026.