La Fiscalía pide el cierre definitivo de la guardería investigada por maltrato infantil en Torrejón de Ardoz

La Fiscalía ha solicitado el cierre definitivo de la escuela infantil de Torrejón de Ardoz (Madrid) que se encuentra bajo investigación por presuntos malos tratos a menores, después de que saliera a la luz un vídeo en el que una empleada zarandea y golpea violentamente a una niña de año y medio para obligarla a comer. El caso ha generado una profunda conmoción social y ha reabierto el debate sobre la supervisión de centros educativos y de cuidado infantil.

Escenas de violencia grabadas en vídeo

El material audiovisual, difundido la semana pasada, muestra a una trabajadora de la guardería agarrando del cuello y empujando a una menor contra la pared, con extrema dureza, para forzarla a ingerir alimentos. Según fuentes judiciales, los hechos ocurrieron con conocimiento de otras trabajadoras, incluida la dirección del centro, sin que ninguna de ellas interviniera ni denunciara lo ocurrido.

Seis investigadas: cuatro por maltrato y dos por omisión

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz acordó la libertad provisional para las seis empleadas detenidas. Cuatro de ellas están investigadas por la presunta comisión de un delito de trato degradante, maltrato de obra y, de forma subsidiaria, maltrato habitual. Las otras dos trabajadoras lo están por su supuesta responsabilidad en no denunciar los hechos, pese a tener conocimiento directo de los mismos.

La magistrada ha impuesto como medidas cautelares la obligación de que las cuatro principales investigadas firmen mensualmente en sede judicial, así como la prohibición de ejercer cualquier trabajo relacionado con menores, ya sea retribuido o no, durante la instrucción del caso.

El Ministerio Público reclama el cierre del centro

En atención a la gravedad de los hechos, la Fiscalía ha solicitado al juzgado que ordene el cierre definitivo de la guardería como medida de protección a los menores. El Ministerio Público considera que el centro no garantiza un entorno seguro ni cumple con los estándares mínimos exigibles para el cuidado infantil.

Asimismo, la Fiscalía ha instado a que se mantenga la inhabilitación de las trabajadoras implicadas para el ejercicio profesional con menores, medida ya acordada por la jueza instructora.

Preocupación entre las familias y revisión de protocolos

El caso ha generado una profunda alarma social en el municipio madrileño. Numerosos padres y madres han mostrado su indignación y temor, al tiempo que reclaman una revisión urgente de los protocolos de control sobre las escuelas infantiles privadas. Las autoridades locales y autonómicas estudian posibles medidas adicionales, mientras la investigación judicial continúa abierta.

Desde la Fiscalía se ha subrayado la necesidad de reforzar los mecanismos de detección precoz de conductas abusivas y de garantizar que todos los centros de atención a menores cuenten con formación especializada, supervisión permanente y canales eficaces de denuncia.