La Fiscalía investiga si los ayuntamientos afectados por los incendios contaban con planes de prevención obligatorios
El fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha ordenado al Seprona de la Guardia Civil recabar información sobre la existencia y aplicación de estos programas, que tienen carácter anual y son fundamentales para la vigilancia y extinción de incendios.
La ley obliga desde 2022 a contar con planes anuales
Desde 2022, las comunidades autónomas están obligadas a aprobar planes de prevención de incendios forestales de carácter anual. Además, la Ley de Montes establece que los municipios situados en Zonas de Alto Riesgo de Incendio (ZARI) deben elaborar un programa específico, bajo la supervisión de los gobiernos autonómicos.
Según Vercher, los incendios registrados en las últimas semanas podrían estar relacionados con “la ausencia o aplicación improcedente” de estos planes, lo que habría favorecido tanto la propagación del fuego como el aumento de sus consecuencias.
Posibles responsabilidades penales para administraciones
En un escrito remitido a los fiscales provinciales, el fiscal subraya que estos planes están diseñados para “evitar la ocurrencia de incendios y, en caso de que tengan lugar, minimizar sus efectos negativos, protegiendo vidas, propiedades y el medio ambiente” gracias a medidas de anticipación y control.
Vercher anima a los fiscales con competencias en medio ambiente a abrir diligencias y, en caso de incumplimiento, estudiar la posible exigencia de responsabilidad penal a aquellas administraciones que no hayan aprobado los planes obligatorios. También contempla que los casos puedan ser trasladados a las administraciones competentes en materia sancionadora.
Una investigación clave en plena ola de incendios
La investigación llega tras varias semanas marcadas por incendios forestales que han afectado a miles de hectáreas en distintas regiones del país. Con esta iniciativa, la Fiscalía busca determinar si los daños podrían haberse mitigado con una planificación preventiva adecuada y garantizar el cumplimiento de una normativa que, según subraya, tiene como fin último proteger a la ciudadanía y al medio ambiente.