España se prepara para aplicar el Reglamento Europeo de Libertad de Medios con una alianza clave entre la CNMC, verificadores y el ICAM
El Colegio de la Abogacía de Madrid convoca un foro de alto nivel para trazar una hoja de ruta frente a la desinformación bajo el nuevo reglamento EMFA
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reunido a los principales actores del ecosistema informativo español para afrontar los desafíos que plantea el nuevo Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), que será plenamente aplicable a partir del próximo 8 de agosto. Este foro de alto nivel, impulsado junto a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), congregó a representantes de la CNMC, medios de comunicación, asociaciones de periodistas, universidades, firmas legales, verificadores de datos y organismos institucionales.
Durante el desayuno de trabajo celebrado en la sede del ICAM, el decano Eugenio Ribón subrayó la función del Colegio como espacio neutral y garante del debate democrático. Ribón alertó de que la desinformación ya no es un fenómeno marginal, sino una amenaza estructural para la democracia, y llamó a combatirla sin renunciar a principios esenciales como la libertad de expresión y la independencia editorial.
Uno de los puntos centrales fue el papel que desempeñará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como autoridad encargada de aplicar el reglamento en España. Su vicepresidente, Ángel García Castillejo, remarcó que el EMFA representa una “oportunidad histórica” para reforzar las garantías democráticas del sistema mediático europeo, especialmente en cuanto a la transparencia en la propiedad de los medios, la protección de periodistas frente a injerencias políticas y la vigilancia del pluralismo informativo.
Los verificadores de datos, como Maldita.es, Newtral, EFE Verifica, RTVE Verifica o IBERIFIER, defendieron su papel como herramienta esencial para blindar el espacio público frente a la desinformación sistémica, especialmente durante procesos electorales o crisis institucionales. El artículo 17 del EMFA establece explícitamente el fomento de la cooperación entre estos actores independientes y los reguladores, reconociendo su capacidad para detectar y desmentir campañas organizadas de manipulación informativa.
La cita también puso sobre la mesa la necesidad de clarificar el marco competencial, asegurar la transparencia en los sistemas de acreditación de alertadores fiables, y construir un ecosistema mediático robusto y democrático, libre de presiones políticas, económicas o tecnológicas.
Entre los asistentes destacaron expertos como Ramón Salaverría, del Observatorio Iberifier; Juan Zafra, director general de CLABE; Agustín Yanel, de la FeSP; Carla Pina, directora de Info Veritas; así como representantes del Departamento de Seguridad Nacional, Deloitte, RTVE y firmas jurídicas como Uría. Todos ellos coincidieron en la necesidad de generar alianzas estables entre el ámbito jurídico, periodístico, tecnológico y académico.
En paralelo, se recordaron algunos de los pilares del Reglamento (UE) 2024/1083 (EMFA), como la obligación de transparencia en la propiedad de los medios (art. 6), la protección frente a interferencias políticas (art. 4), y la salvaguarda de las fuentes periodísticas (art. 5). El texto también prevé la creación del Comité Europeo de Servicios de Medios, que velará por una aplicación coherente de la normativa en todos los Estados miembros.
El foro concluyó con el compromiso de diseñar una hoja de ruta común entre verificadores, la CNMC e instituciones como el ICAM, con acciones concretas como el intercambio de alertas, buenas prácticas y colaboración en consultas públicas. Esta alianza, señalaron los organizadores, es un primer paso hacia un ecosistema informativo más libre, plural y resistente frente a amenazas democráticas.
Con este encuentro, el ICAM y la PDLI reafirman su papel como catalizadores de espacios de diálogo institucional, técnico y ético en defensa de una información veraz, transparente y al servicio del interés público. La cuenta atrás para la plena aplicación del EMFA ha comenzado, y España se alinea para afrontar este nuevo escenario regulatorio con una mirada integradora y transversal.