La Comunidad de Madrid abandona su participación en el Consorcio de Casa Árabe
La Comunidad de Madrid ha anunciado la finalización de su participación en el Consorcio de Casa Árabe, la entidad dedicada a la promoción cultural y al diálogo entre sociedades, en un paso que marca un cambio en la relación institucional con esta organización.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha comunicado su decisión de abandonar la participación en el Consorcio de Casa Árabe, una organización público-privada orientada a fomentar el conocimiento y la cooperación entre España y los países de la región árabe.
La decisión, confirmada por el Ejecutivo regional, implica una modificación en la colaboración institucional entre la Comunidad de Madrid y Casa Árabe, que hasta ahora formaba parte de la red de administraciones y entidades que respaldan y financian las iniciativas culturales, educativas y diplomáticas promovidas por el consorcio.
El Consorcio de Casa Árabe fue creado con el respaldo de diversas administraciones y organismos para promover el entendimiento intercultural, apoyar actividades artísticas, académicas y de análisis, así como servir de plataforma de diálogo entre España y los Estados árabes. Su estructura establece la participación de instituciones públicas y privadas interesadas en estos objetivos.
Con la salida de la Comunidad de Madrid, el consorcio afronta un cambio en su composición institucional, aunque fuentes oficiales han asegurado que Casa Árabe seguirá desarrollando su labor con el respaldo de los restantes miembros y patronos que forman parte de la entidad.
Desde el Ejecutivo madrileño, se ha enmarcado la decisión en una revisión general de compromisos y prioridades, sin que por el momento se hayan detallado nuevos mecanismos alternativos de colaboración cultural o de apoyo a las actividades que venía suscitando la participación regional en el consorcio.
La salida de la Comunidad de Madrid se produce en un contexto en el que las administraciones revisan sus alianzas y compromisos con organizaciones mixtas para adaptar su acción pública a nuevas prioridades y criterios presupuestarios.