La Comunidad estudia integrar a las Brigadas Forestales en el convenio estatal de Tragsa para resolver el conflicto laboral
El Ejecutivo autonómico plantea la adhesión al marco estatal de las BRIF como vía legal para homogeneizar las condiciones de los brigadistas madrileños
La Comunidad de Madrid y la empresa pública Tragsa han abierto la puerta a que los efectivos de las Brigadas Forestales de la región puedan acogerse al convenio estatal de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica. El objetivo es desbloquear el conflicto laboral que mantiene al colectivo en huelga desde el 15 de julio, aunque los trabajadores han decidido suspender temporalmente el paro hasta el 25 de agosto.
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, se reunió este viernes con el presidente de Tragsa, Jesús Casas, en la sede de la Consejería para explorar soluciones. Desde el Ejecutivo regional subrayan que esta integración en el convenio estatal sería una opción legal y viable, avalada por la Dirección General de Trabajo, siempre que exista acuerdo con los representantes sindicales. La medida permitiría homogeneizar las condiciones laborales de quienes desempeñan las mismas funciones de prevención y extinción en diferentes territorios.
Además, el Gobierno regional confirmó que el nuevo encargo a Tragsa, que entrará en vigor en 2026, supondrá un incremento de 4 millones de euros en el presupuesto anual, alcanzando los 32 millones, con la contratación de personal durante los 12 meses del año para dar estabilidad al operativo. El plan también contempla mejoras en bases e infraestructuras y la supresión de la categoría de “peón”, reconociendo a todos los trabajadores como “bomberos forestales” dentro de la Ley de Bomberos Forestales.
El comité de empresa —formado por UGT, Firet y CGT— viene denunciando desde hace meses la precariedad de un colectivo en el que el 40% de la plantilla trabaja solo cuatro meses al año, con salarios congelados desde 2010, falta de reconocimiento de la peligrosidad y bases que llevan dos décadas sin modernizarse. También reclaman la plena aplicación de la Ley 5/2024, aprobada en noviembre pasado.
Desde el Gobierno regional insisten en que continuarán trabajando para ofrecer soluciones y reconocen como “necesarias” las reivindicaciones de los brigadistas, cuya labor califican de esencial en la prevención y extinción de incendios forestales en la región.