Los autónomos en España, ante un futuro incierto: más control, más costes y pensiones en revisión
La reforma del sistema de cotización y el nuevo cálculo de pensiones desde 2026 agravan la presión sobre los trabajadores por cuenta propia
El colectivo de trabajadores autónomos en España atraviesa un momento de profunda incertidumbre y creciente tensión económica, marcado por reformas legales, fiscales y administrativas que impactan directamente en su estabilidad presente y en su futuro como jubilados. A partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor un nuevo sistema de cálculo de las pensiones, uno de los cambios más importantes para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en décadas.
La medida, recogida en el Real Decreto-ley 2/2023, establece que la base reguladora de la pensión de jubilación se podrá calcular con dos fórmulas distintas hasta el año 2044. La primera opción mantendrá el método actual, que contempla los últimos 25 años cotizados; la segunda aplicará una nueva fórmula progresiva que irá incorporando los mejores 27 años de los 29 previos a la jubilación, excluyendo los dos peores. Desde 2044, esta será la única fórmula válida.
Aunque en principio esta dualidad busca beneficiar al autónomo —al ofrecer la opción más favorable—, a partir de 2041 el periodo de cálculo aumentará gradualmente, lo que puede perjudicar a quienes hayan cotizado poco o de forma intermitente en sus primeros años. En especial, los menores de 46 años verán inevitablemente afectadas sus futuras pensiones, ya que estarán sujetos a un sistema que contempla cotizaciones de etapas laborales con bases mínimas o lagunas.
Paralelamente, el nuevo modelo de cotización por ingresos reales, activo desde 2023, está siendo revisado por el Gobierno con intención de ajustar aún más las cuotas a los ingresos netos mensuales. Este sistema, dividido en 15 tramos, obliga a los autónomos a declarar sus ingresos y ajustar su cuota cada trimestre. Aunque se presenta como una herramienta para garantizar justicia contributiva, muchos profesionales denuncian que las cargas fiscales resultan insostenibles, especialmente en sectores con rentabilidades bajas o ingresos irregulares.
A ello se suma la entrada en vigor, también en 2026, de nuevas obligaciones digitales, como el sistema de facturación con código QR conectado en tiempo real con la Agencia Tributaria y la obligación de fichaje digital para quienes tengan empleados, incluso en microempresas. Estas medidas, orientadas a combatir el fraude, suponen mayores costes y burocracia para negocios pequeños que ya luchan por sobrevivir.
Además, desde 2023 está vigente el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que implica una cotización extra para asegurar la sostenibilidad de las pensiones. Esta aportación adicional, que se incrementará cada año hasta 2050, representa otro cargo automático que recae sobre los autónomos sin apenas margen de decisión.
El clima general es de frustración y desánimo. Cada vez más emprendedores denuncian sentirse fiscalmente asfixiados. Testimonios recogidos en redes sociales y foros muestran a empresarios que aseguran "pensar en cerrar cada tres meses". A las cuotas elevadas y los impuestos, se suman la inseguridad jurídica, el trato presuntamente punitivo de Hacienda y la ausencia de medidas de apoyo real, como indican muchos pequeños negocios.
El actual marco normativo parece construido bajo la presunción de desconfianza hacia el autónomo, lo que ha deteriorado gravemente la percepción del entorno empresarial. La falta de un "derecho al error", como plantean algunos expertos, hace que cualquier fallo administrativo o tributario pueda traducirse en sanciones desproporcionadas.
Por tanto, el futuro de los autónomos se presenta más controlado, más exigente y más incierto. Las reformas estructurales en marcha pueden tener sentido desde la óptica de sostenibilidad del sistema, pero carecen de sensibilidad hacia la realidad diaria de millones de trabajadores por cuenta propia. Si no se articulan mecanismos de alivio y acompañamiento, el tejido productivo de autónomos podría erosionarse gravemente, afectando tanto al empleo como a la competitividad del país.
España se enfrenta así al reto urgente de equilibrar sostenibilidad con viabilidad, fiscalidad con incentivo, y control con confianza. Porque, como muchos autónomos denuncian, “el sistema se está cargando la ilusión y las ganas de emprender”.