Las asociaciones de la Guardia Civil rechazan el nuevo modelo de destinos y exigen blindar la igualdad y la conciliación
Las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil han escenificado una unidad de acción sin precedentes para rechazar el borrador del nuevo Real Decreto de Destinos. Las organizaciones denuncian la tramitación acelerada del texto y advierten de que la reforma compromete el principio de igualdad, la estabilidad familiar y el arraigo de miles de agentes.
El bloque asociativo ha presentado un documento conjunto de observaciones con el objetivo de frenar una reforma que, a su juicio, se está tramitando sin el tiempo suficiente para un análisis profundo y sin un diálogo efectivo con los representantes de los guardias civiles. Las organizaciones critican que el texto avance hacia la Comisión de Normativa para su posterior debate en el Pleno del Consejo sin haber incorporado las aportaciones esenciales del colectivo.
Según exponen, el borrador ignora la realidad socioeconómica de los territorios y puede generar un impacto directo en la conciliación y el arraigo familiar de los agentes. En este sentido, consideran que el nuevo modelo compromete la estabilidad de quienes prestan servicio en destinos especialmente tensionados.
Entre las principales reivindicaciones figura el blindaje del derecho preferente absoluto en los procesos de asignación de destinos y el rechazo expreso a cualquier aplicación retroactiva que pueda perjudicar a los actuales efectivos. Asimismo, las asociaciones plantean sustituir el modelo progresivo propuesto por la Administración por un sistema de cálculo lineal, con una proporción de dos años baremados por cada año de servicio.
Otro de los puntos clave es la reclamación urgente de la declaración de Zona de Especial Singularidad (ZES) para territorios como Baleares y la zona del Estrecho, donde el déficit estructural de plantilla y el elevado coste de vida dificultan la cobertura estable de vacantes.
Las organizaciones sostienen que la carga de cubrir estos destinos no puede recaer exclusivamente sobre los agentes sin compensaciones adecuadas. En su propuesta, reclaman un plan integral que combine incentivos económicos —como un plus de territorialidad— con medidas efectivas de conciliación, ampliación de créditos de vacaciones y permisos, y soluciones sociales que faciliten el acceso a una vivienda digna en zonas con precios tensionados.
Las asociaciones concluyen que la reforma debe garantizar seguridad jurídica, igualdad de oportunidades y condiciones laborales justas para el conjunto de la plantilla, evitando que la movilidad profesional se convierta en un factor de inestabilidad personal y familiar.