La Abogacía del Estado pide prisión para Alberto González Amador por fraude fiscal
La Abogacía del Estado ha solicitado tres años, nueve meses y un día de prisión para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos contra la Hacienda Pública vinculados al pago del Impuesto de Sociedades en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como por un presunto delito de falsedad documental.
La pena solicitada por la Abogacía coincide con la que ya pidió la Fiscalía la semana pasada, y se suma a una multa de 448.000 euros, que González Amador tendría que abonar por el presunto fraude, cifrado en 350.951 euros.
Delitos fiscales y uso de facturas falsas
El procedimiento, que instruye el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, avanza tras la remisión de las conclusiones provisionales por parte del Estado. En ellas se desglosa que el empresario se enfrenta a un año y nueve meses de prisión por el supuesto fraude fiscal cometido en 2020 y a otros dos años y un día por las irregularidades fiscales detectadas en el ejercicio de 2021.
Además, el escrito subraya el uso de facturas falsas como parte de la trama con la que González Amador habría intentado defraudar a la Agencia Tributaria, lo que añade el cargo de falsedad documental al procedimiento.
Junto a González Amador están imputadas otras cuatro personas. La Abogacía del Estado solicita dos años de prisión para Maximiliano Niéere, y un año de cárcel para los otros tres implicados.
Un caso con derivadas políticas
La investigación se inició tras una inspección realizada por la Agencia Tributaria en 2022, que concluyó con un informe demoledor en el que se evidenciaban irregularidades que, según los peritos de Hacienda, alcanzaban la categoría de delito.
La jueza Inmaculada Iglesias, titular del juzgado que instruye la causa, ya rechazó el recurso presentado por la defensa de González Amador contra su procesamiento. En su auto, la magistrada sostuvo que existen “claros indicios” de la comisión de un delito fiscal, dando así paso a la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral.
Por ahora, queda pendiente la presentación de los escritos de acusación por parte del PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular en esta causa que ha levantado una considerable expectación mediática y política por la vinculación del acusado con la presidenta regional.