Sanidad apura el plazo dado a Madrid para entregar la lista de médicos objetores
Este viernes expiró el plazo dado por Sanidad para que Madrid remita el listado de médicos objetores al aborto, mientras la Comunidad mantiene su rechazo a crearlo
El plazo fijado por el Ministerio de Sanidad para que la Comunidad de Madrid entregue el registro de médicos objetores de conciencia en casos de aborto vence este viernes, un mes después de que la ministra Mónica García enviara un requerimiento formal a Madrid, Baleares y Aragón para exigir el cumplimiento de la ley estatal de 2023.
Sanidad advierte de acciones judiciales
A través de la plataforma X, García recordó este viernes que el tiempo de respuesta se ha agotado y apeló a las autonomías pendientes: “Vamos a respetar el plazo, aún están a tiempo”. La ministra ha acusado especialmente a la Comunidad de Madrid de ser la región que “más claramente estaba incumpliendo la ley”.
Sanidad sostiene que, si las comunidades no entregan el registro, dará paso a un procedimiento judicial. García subrayó que, tras el mes de requerimiento, el Gobierno dispone de dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo, con el fin de que un juez obligue a las administraciones autonómicas a cumplir la normativa.
Madrid defiende la libertad de objeción
La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, reafirmó este viernes la negativa de la Comunidad a entregar el listado de médicos objetores. Durante una visita a las obras del nuevo Centro de Salud Dehesa de San Sebastián de los Reyes, sostuvo que el Gobierno regional prioriza la protección de la libertad individual de los facultativos.
“Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie”, aseguró Matute, acusando al Ejecutivo central de invadir competencias autonómicas y de presionar ideológicamente a los profesionales sanitarios.
Un conflicto abierto desde la aprobación de la ley
La ley estatal de 2023 establece la obligación de que todas las comunidades autónomas dispongan de un registro de profesionales objetores para garantizar la organización de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, la Comunidad de Madrid considera que la creación de este registro puede vulnerar la libertad de conciencia de los médicos y generar señalamiento profesional.
Con este nuevo cruce de declaraciones y el plazo ya vencido, el conflicto entre ambas administraciones se encamina hacia los tribunales si ninguna parte modifica su postura en los próximos días.