Mónica García califica de “obscena” la derivación de fondos públicos a la sanidad privada y defiende una ley para frenarla

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado de “obscena” la desviación de recursos de la sanidad pública hacia empresas privadas y ha defendido el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros para reforzar la gestión pública del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En una entrevista en RNE, la titular de Sanidad aseguró que el objetivo de la nueva norma es garantizar que la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios tengan carácter prioritariamente público, al tiempo que se establecen límites a determinadas fórmulas de colaboración con el sector privado.

Una ley para “poner coto a la privatización”

El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS busca, según el Ministerio, frenar los modelos que permiten que fondos públicos terminen en manos privadas sin el control adecuado.

García afirmó que “el dinero que se invierte en sanidad se va por el sumidero de las empresas privadas”, a las que acusó de haber encontrado “un filón” en determinados modelos de gestión impulsados por administraciones autonómicas.

La ministra subrayó que la norma derogará la ley 15/1997, que abrió la puerta a nuevas formas de gestión, aunque matizó que no se eliminará toda la colaboración público-privada, sino únicamente aquellas fórmulas que, a su juicio, resulten perjudiciales para el sistema.

Colaboración “sana” frente a modelos “depredadores”

Desde el Ministerio se insiste en que la colaboración público-privada que funcione correctamente podrá mantenerse, siempre que no suponga un trasvase de recursos o una pérdida de control sobre los servicios sanitarios.

García diferenció entre una cooperación “sana” y aquella que “extrae el valor social de la sanidad pública”, señalando que el objetivo es evitar que cada euro destinado a salud termine incrementando los beneficios empresariales en lugar de mejorar la atención.

Entre las prácticas que se pretenden limitar, la ministra citó los modelos de concesión a largo plazo en los que empresas privadas construyen infraestructuras sanitarias y las administraciones pagan cánones durante décadas que multiplican el coste inicial.

Críticas al modelo madrileño y respuesta política

La titular de Sanidad fue especialmente crítica con la situación en la Comunidad de Madrid, donde aseguró que existen “flujos de dinero absolutamente indecentes” hacia la gestión privada.

En respuesta a las críticas de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que considera que la reforma busca perjudicar el sistema madrileño, García afirmó que el objetivo es “acabar con el chollo” y con lo que calificó como una mala utilización de recursos públicos.

Negociación parlamentaria en marcha

El anteproyecto deberá ahora iniciar su tramitación parlamentaria. La ministra anunció que comenzará una ronda de contactos con los grupos políticos para recabar apoyos.

Según explicó, el Gobierno confía en que exista consenso para reforzar el sistema público, especialmente tras las polémicas surgidas en torno a prácticas empresariales vinculadas a la gestión sanitaria.

Para el Ejecutivo, la reforma pretende blindar el carácter público del SNS y reforzar su sostenibilidad, en un contexto de creciente debate político sobre el modelo de gestión y el equilibrio entre el sector público y el privado en la sanidad española.