Sanidad investiga al Hospital de Torrejón tras denuncias por reutilizar material desechable en procedimientos médicos
El Hospital de Torrejón ordenó reutilizar catéteres de un solo uso hasta diez veces para abaratar costes, según denuncias internas que derivaron en despidos
El escándalo que rodea al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, gestionado por el Grupo Ribera Salud, continúa creciendo tras revelarse nuevas prácticas que han encendido las alarmas sanitarias y políticas. Según una investigación publicada por El País, trabajadores del centro recibieron instrucciones internas para reutilizar material sanitario catalogado como de un solo uso, una medida orientada a reducir costes y aumentar los beneficios económicos del hospital.
La orden señalaba específicamente la esterilización y reutilización de catéteres empleados en procedimientos de electrofisiología, cuyo coste supera los 2.000 euros por unidad. Estos dispositivos, diseñados para ser utilizados una sola vez, solo pueden reprocesarse legalmente cuando lo hace un fabricante autorizado, conforme al Reglamento Europeo 2017/745 y el Real Decreto 192/2023. Sin embargo, la instrucción dada en el centro indicaba que debían reutilizarse hasta diez veces “siempre que estuvieran en buen estado”, generando una advertencia inmediata por parte de profesionales del propio hospital.
Cuatro altos cargos —tres directivos asistenciales y la gerente del centro— denunciaron las órdenes a través del canal ético interno alertando de que “esta acción no es legal”. Los cuatro fueron posteriormente despedidos, lo que ha intensificado las sospechas sobre las decisiones adoptadas dentro de la gestión. Ribera Salud niega que estas prácticas se llevaran a cabo y desvincula los despidos de la denuncia.
El caso estalla tras la difusión de los audios del consejero delegado Pablo Gallart, en los que instruía al personal para aumentar las listas de espera y priorizar procedimientos rentables con el objetivo de alcanzar un EBITDA de cuatro o cinco millones de euros. La polémica ha trasladado el foco al modelo de gestión sanitaria y ha abierto un debate político en la Comunidad de Madrid.
Investigación y respuesta institucional
El grupo parlamentario Más Madrid ha registrado una comisión de investigación en la Asamblea regional para que Gallart comparezca y explique las instrucciones dadas al personal. La formación acusa a la Comunidad de Madrid de permitir una gestión “orientada al beneficio privado por encima del derecho a la salud” y prepara acciones legales.
El Ministerio de Sanidad ha ordenado a la Alta Inspección abrir una investigación para determinar si se vulneraron derechos de los pacientes y si existieron irregularidades en la gestión sanitaria. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, también ha solicitado examinar el caso y ampliar el análisis al resto de hospitales de gestión privada.
Las denuncias se suman al malestar reflejado en un escrito presentado en mayo por 260 profesionales del hospital, en el que advertían de un “deterioro acelerado de la calidad asistencial” y presiones para priorizar pacientes “rentables”. Pedían el cese de cuotas que discriminaban entre pacientes por motivo económico y alertaban de una situación “insostenible”.
Mientras la investigación avanza, el caso de Torrejón se ha convertido en un símbolo del debate sobre la gestión privada de la sanidad pública, con repercusiones que podrían extenderse a nivel regional y nacional. El foco está ahora sobre cómo se compatibiliza rentabilidad empresarial con seguridad clínica, equidad y ética asistencial.