Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas analiza investigar los contratos de la Comunidad de Madrid con Quirón y Ribera Salud

Tribunal de Cuentas autonómico

El Tribunal de Cuentas analiza fiscalizar contratos de la Comunidad de Madrid con Quirón y Ribera Salud tras una denuncia del PSOE

El Tribunal de Cuentas autonómico ha iniciado los primeros pasos para estudiar una posible fiscalización de los contratos de la Comunidad de Madrid con los grupos sanitarios Quirón y Ribera Salud, tras una denuncia presentada por el PSOE de Madrid.

La iniciativa surge después de que se hiciera pública una supuesta condonación de hasta 71 millones de euros por parte del Gobierno regional a estas empresas sanitarias privadas, relacionada con tratamientos que, según la denuncia, no habrían sido prestados en hospitales privados y que finalmente se derivaron a centros públicos.

Ante esta situación, el grupo socialista en la Asamblea de Madrid solicitó la intervención del órgano fiscalizador para investigar una posible responsabilidad contable por un presunto perjuicio a los fondos públicos.

El Tribunal da traslado a la Sección de Enjuiciamiento

Según fuentes consultadas, el Tribunal de Cuentas ya ha trasladado el expediente a la Sección de Enjuiciamiento, paso previo a decidir si procede abrir una investigación formal o archivar la solicitud.

Este traslado no implica aún la apertura de una causa, sino el inicio de una fase preliminar en la que el organismo analizará si existen indicios suficientes para continuar con el proceso.

La decisión final corresponderá a la Comisión de Gobierno del propio Tribunal de Cuentas, que deberá determinar si se inicia una fiscalización o si se descarta la denuncia.

La denuncia del PSOE: posible menoscabo de fondos públicos

La denuncia presentada por el PSOE se fundamenta en la posibilidad de que se haya producido un “menoscabo de fondos públicos”, lo que podría derivar en responsabilidades contables para la administración autonómica.

El escrito remitido al tribunal también apunta a un supuesto “ánimo de ocultación” en la gestión de los contratos sanitarios, según el contenido de la denuncia.

Desde el grupo socialista en la Asamblea de Madrid, su portavoz Mar Espinar ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo regional en materia sanitaria.

Según afirmó, la Comunidad de Madrid “no puede seguir regalando dinero público a Quirón y a Ribera Salud”, al considerar que estas empresas privadas reciben importantes cantidades de fondos públicos sin suficiente control sobre los servicios prestados.

La dirigente socialista también denunció la situación del sistema sanitario público madrileño, señalando las listas de espera y las condiciones laborales del personal sanitario.

El Gobierno regional resta importancia a la denuncia

Frente a las críticas del PSOE, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha mostrado tranquilidad ante la denuncia y ha asegurado que todos los contratos están correctamente supervisados.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, afirmó que el Ejecutivo regional no tiene preocupación por el proceso.

Eso es lo que dice el Partido Socialista. Nosotros estamos muy tranquilos porque todos los contratos están fiscalizados”, aseguró durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en la Real Casa de Correos.

El consejero también calificó la denuncia como una estrategia política del PSOE de Madrid, a la que acusó de intentar desviar la atención de otros asuntos relacionados con el Gobierno central.

A la espera de la decisión del Tribunal

El proceso se encuentra ahora en una fase preliminar, en la que el Tribunal de Cuentas analizará la documentación presentada antes de decidir si continúa con la investigación o archiva el caso.

Si finalmente se abre una fiscalización, el organismo podrá examinar la gestión de los contratos sanitarios entre la Comunidad de Madrid y los grupos hospitalarios privados implicados, así como determinar si se produjo o no un perjuicio económico para las arcas públicas.

Hasta entonces, la investigación sigue pendiente de la decisión de la Comisión de Gobierno del Tribunal, que será la encargada de marcar el futuro del expediente.