La tramitación de la ley de violencia vicaria se retrasa por falta de acuerdo entre ministerios
La aprobación de la ley de violencia vicaria, una normativa dirigida a combatir esta forma específica de violencia machista que utiliza a los hijos como instrumento para dañar a la madre, ha vuelto a posponerse en el seno del Gobierno. La intención inicial de elevar el anteproyecto al próximo Consejo de Ministros se ha visto frustrada por la falta de acuerdo entre los departamentos implicados en su redacción, según fuentes conocedoras del proceso.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, había expresado la voluntad de llevar el proyecto de ley al Gobierno la próxima semana, pero la decisión de ampliar el periodo de negociación responde a las divergencias surgidas, en particular, con el Ministerio de Juventud e Infancia, que se ha desmarcado recientemente del texto, y con el Ministerio de Justicia, que aboga por ajustes técnicos en el articulado para reforzar su solidez jurídica.
El desmarque de Juventud e Infancia se produjo tras el rechazo a algunas de las propuestas contenidas en el anteproyecto, cuestiones que afectan, entre otras materias, a la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas y el derecho de los menores a ser escuchados durante los procedimientos judiciales. Estas discrepancias han sido señaladas como un obstáculo significativo para cerrar un texto que contemple tanto la protección de las víctimas como la seguridad jurídica requerida por los distintos departamentos.
Organizaciones feministas y de defensa de los derechos de la infancia han manifestado su preocupación por la redacción actual del anteproyecto, advirtiendo que ciertos aspectos podrían implicar un retroceso en la protección de las víctimas y la especificidad de la violencia vicaria dentro del marco jurídico español. Esto ha añadido presión al Gobierno para lograr una versión consensuada que pueda avanzar en el proceso legislativo con respaldo técnico y social.
Mientras tanto, los ministerios continúan las negociaciones internas con la intención de ajustar el texto antes de su remisión formal al Consejo de Ministros en una fecha futura aún por determinar. El retraso refleja la complejidad de una norma pionera en España, que busca dar una respuesta legal sólida a una forma de violencia vinculada a dinámicas de género y violencia contra la mujer.