Sociedad Civil Española eleva a Bruselas y al TJUE su ofensiva contra la amnistía
La plataforma envía cartas al comisario europeo Michael McGrath y al presidente del TJUE, Koen Lenaerts, en las que cuestiona la Ley de Amnistía, denuncia posibles presiones institucionales y vincula el debate con la próxima misión LIBE en España.
Sociedad Civil Española (SCE) ha redoblado su estrategia ante las instituciones europeas con el envío de dos cartas a responsables clave de la Unión Europea: el comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección del Consumidor, Michael McGrath, y el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Koen Lenaerts. La organización vincula estas acciones a la preocupación por la situación del Estado de derecho en España y las encuadra en una ofensiva institucional que discurre en tres frentes: Comisión Europea, TJUE y Parlamento Europeo.
Este movimiento llega, además, en pleno foco europeo sobre España por la misión de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, que visitará el país los días 16 y 17 de febrero para analizar, entre otros asuntos, la situación del Estado de derecho. En el escrito enviado a LIBE, la plataforma —que afirma agrupar a más de 130 asociaciones— solicitó cambios en el sistema de elección del CGPJ para reforzar la independencia judicial, reclamando que 12 de los 20 vocales sean elegidos directamente por jueces y magistrados.
Dos cartas y un mismo eje: amnistía, Estado de Derecho y alcance europeo
Las dos misivas, fechadas el 23 de enero de 2026 (a McGrath) y el 9 de febrero de 2026 (a Lenaerts), comparten un hilo conductor: la denuncia de que la Ley de Amnistía constituye, a juicio de SCE, una amenaza estructural al “rule of law” y un precedente de impacto europeo.
En la carta dirigida a la Comisión Europea, firmada por Alejo Vidal-Quadras y Amalio de Marichalar, los remitentes se presentan como representantes de la “sociedad civil organizada” y piden que el escrito sea interpretado como una “señal de alarma” ante la “crítica situación del Estado de Derecho” en España y Europa.
El texto insiste en que la amnistía sería una “autoamnistía” y no una norma ordinaria, en la medida en que afectaría a la igualdad ante la ley y estaría vinculada a un acuerdo político de investidura. La organización sostiene que el conflicto ha impulsado una creciente litigiosidad y que el debate ha adquirido proyección internacional, reclamando atención directa del comisario.
La pieza central: el TJUE y la denuncia de “condicionamiento” del fallo
La carta dirigida al presidente del TJUE eleva el tono institucional y se centra en un punto concreto: las declaraciones públicas del presidente del Gobierno en su balance anual del 15 de diciembre de 2025.
SCE sostiene que el jefe del Ejecutivo “fuerza y condiciona” al TJUE al afirmar públicamente que la amnistía habría sido validada por instituciones como la Comisión de Venecia, la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional y el Abogado General del propio TJUE, concluyendo de ello que la ley sería constitucional y legítima.
La organización interpreta esas afirmaciones como un intento de anticipar y orientar el sentido del pronunciamiento europeo.
En su escrito, Vidal-Quadras solicita que el presidente del Tribunal valore la gravedad institucional de esas declaraciones y menciona la remisión de documentación complementaria, incluyendo informes jurídicos y comunicaciones previas enviadas a Bruselas.
Cronología de la ofensiva
- 25 de septiembre de 2025: comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, según recuerdan los escritos remitidos.
- 15 de diciembre de 2025: declaraciones públicas del presidente del Gobierno citadas por SCE como elemento desencadenante de la carta al TJUE.
- 23 de enero de 2026: carta al comisario Michael McGrath alertando sobre la amnistía.
- 9 de febrero de 2026: carta al presidente del TJUE denunciando presiones o intento de condicionamiento institucional.
- 16 y 17 de febrero de 2026: visita de la misión LIBE a España.
Por qué importa a la Unión Europea
El interés europeo no reside únicamente en el debate político interno español, sino también en el impacto institucional que pueda tener el caso.
- En el plano institucional, la eventual decisión del TJUE sobre cuestiones vinculadas a la amnistía afecta a la relación entre poder ejecutivo nacional y justicia europea. Dirigir una carta directamente al presidente del Tribunal supone, por ello, un movimiento de notable relevancia.
- En el plano del precedente, la organización sostiene que la controversia podría proyectarse más allá de España si se consolida la idea de que decisiones de alto impacto constitucional puedan fundamentarse en equilibrios parlamentarios coyunturales.
El tercer frente: LIBE y el debate sobre el CGPJ
En paralelo a las cartas dirigidas a Bruselas y Luxemburgo, SCE ha solicitado ante la Comisión LIBE que se promueva un modelo de elección del CGPJ que refuerce la participación directa de jueces y magistrados.
Ese planteamiento se produce en un contexto en el que el Parlamento Europeo mantiene mecanismos de seguimiento sobre la calidad institucional y la separación de poderes en los Estados miembros.
Un debate que se traslada definitivamente al escenario europeo
En el origen inmediato de la carta al TJUE están las declaraciones públicas del presidente del Gobierno el 15 de diciembre de 2025, reproducidas en la documentación remitida por la organización. SCE discrepa de la interpretación gubernamental y sostiene que corresponde exclusivamente a los tribunales determinar el alcance jurídico de la norma.
Con la misión LIBE en el calendario inmediato y el eventual pronunciamiento del TJUE aún pendiente, la controversia sobre la Ley de Amnistía entra en una fase decisiva en el ámbito europeo, donde se dirimirá no solo la validez jurídica de determinados aspectos de la norma, sino también su encaje en los estándares comunitarios de Estado de Derecho.