Qué es la 'prioridad nacional' de PP y Vox: claves del acuerdo sobre ayudas sociales y vivienda y si es legal
La 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda protegida y a las ayudas sociales se ha convertido en el centro de una intensa polémica política y jurídica en España tras su inclusión en los acuerdos de gobierno firmados entre el Partido Popular y Vox en Extremadura y Aragón. El debate ha trascendido los parlamentos regionales y ha llegado al Congreso de los Diputados, donde una moción presentada por la formación de Santiago Abascal fue rechazada con el voto en contra de todos los grupos, incluido el propio PP, que no aceptó el texto tal como lo planteó Vox.
El concepto, lejos de ser una novedad, forma parte del programa electoral de Vox desde hace años. En Extremadura, la formación ultraderechista ya recogía en su programa la propuesta de establecer este principio en el acceso a programas de vivienda y concesión de ayudas sociales, así como situar el arraigo y el acumulado histórico familiar en la región como criterios principales de asignación. En Aragón, el partido defiende que «los españoles siempre primero» y aboga por vincular cualquier ayuda social a la residencia legal, no al mero empadronamiento.
Qué recogen exactamente los acuerdos firmados con el PP
Los textos pactados para investir a María Guardiola en Extremadura y a Jorge Azcón en Aragón establecen un sistema de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social «inspirado» en el principio de prioridad nacional y «adecuado a la legalidad vigente», con el objetivo de asignar prioritariamente los recursos públicos a quienes mantengan «un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». Este mismo criterio se aplica al acceso a las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas.
En materia de vivienda, los acuerdos concretan que se exigirá un mínimo de 10 años de empadronamiento en la región para la compra y cinco años para el alquiler. Además, se reforzarán los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa con el territorio, se valorará la trayectoria de cotización y se tendrá en cuenta la existencia de familiares de primer grado residiendo en la comunidad autónoma. En lo relativo a las ayudas sociales, se establecerá un «periodo mínimo reforzado de arraigo» y se vinculará el acceso a las prestaciones a la «trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema». Los acuerdos también contemplan excluir del acceso a prestaciones y servicios sociales a quienes se encuentren en situación irregular, salvo en supuestos de urgencia vital, y se comprometen a instar al Gobierno a modificar la Ley Orgánica 4/2000, conocida como Ley de Extranjería.
PP y Vox interpretan el acuerdo de manera diferente
Desde el primer momento, los dos socios de gobierno han ofrecido lecturas distintas del mismo texto. Alberto Núñez Feijóo subrayó que el acuerdo habla de «arraigo», con independencia de la nacionalidad de la persona, y siempre «de acuerdo con las leyes». El PP insiste en que lo pactado es compatible con la legalidad vigente y que nunca se incumplirá la ley. María Guardiola recalcó en su sesión de investidura que «jamás» se incumplirá ninguna norma, y Jorge Azcón señaló que ningún acuerdo llegará al Consejo de Gobierno sin un informe favorable de los servicios jurídicos.
Vox, en cambio, ha sido mucho más explícito sobre el alcance de la medida. El líder del partido en Extremadura, Óscar Fernández Calle, definió la prioridad nacional en la investidura como «garantizar que nadie de fuera esté por delante de ningún español». Santiago Abascal argumentó que los españoles están siendo discriminados en el acceso a la vivienda pública y a las ayudas sociales, y aseguró que «la Constitución dice que los españoles son iguales ante la ley y lo que está ocurriendo es que ya no lo son».
La moción en el Congreso y la ruptura entre PP y Vox
La tensión entre las dos formaciones se acentuó esta semana en el Congreso. Vox presentó una moción de ocho puntos que reclamaba, entre otras cosas, la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, servicios públicos y programas de vivienda, la repatriación de inmigrantes ilegales, la «remigración» de los extranjeros que no contribuyan a la economía nacional, la exclusión de los irregulares del sistema sanitario salvo urgencias vitales, y la reserva de las prestaciones y pensiones no contributivas «exclusivamente para los españoles».
El PP presentó una enmienda al texto para reconducirlo a los términos de los pactos regionales, introduciendo el concepto de arraigo «real, duradero y verificable» en lugar de la prioridad por nacionalidad. Vox rechazó la enmienda porque no recogía la remigración, las repatriaciones, ni las medidas sobre sanidad, pensiones no contributivas y asistencia jurídica. Ante la negativa, el PP votó en contra de la moción, al igual que el resto de los grupos parlamentarios.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Múñoz, criticó el «viraje» de Vox, mientras que desde la formación de Abascal acusaron a los populares de «boicot» al acuerdo. La eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, señaló que su partido no comparte la remigración y que, además, no es legal, apoyándose en el artículo 13 de la Constitución, la Directiva 2003/109 y el Convenio de Derechos Humanos.
El acuerdo también puede afectar a españoles
Un elemento que ha pasado más desapercibido en el debate es que la aplicación estricta de los requisitos de arraigo pactados no afectaría exclusivamente a los inmigrantes, sino que también excluiría a ciudadanos españoles. Por ejemplo, un extremeño que lleve años empadronado en otra comunidad autónoma por razones laborales podría no tener acceso a la vivienda pública si desea regresar a Extremadura, al no cumplir el requisito de diez años de empadronamiento en la región. Los criterios, tal como están formulados, son iguales para todos, independientemente de la nacionalidad.
Respecto a la exclusión de inmigrantes irregulares de las ayudas sociales, los expertos recuerdan que esto ya está contemplado en la legislación nacional vigente. La Ley de Extranjería establece que solo los extranjeros residentes tienen derecho a las prestaciones y servicios sociales en las mismas condiciones que los españoles, y que los que se encuentren en situación irregular únicamente tienen acceso a los servicios y prestaciones sociales básicas. El acuerdo de PP y Vox reproduce, en este punto, lo que ya dice la ley.
Los expertos: reformar la Constitución para que sea legal
La principal controversia jurídica radica en si la 'prioridad nacional', tal como la plantea Vox, es compatible con el marco legal español. Los expertos consultados coinciden en que la legislación vigente impide discriminar el acceso a las ayudas públicas por razón de nacionalidad.
Elena Muñoz, coordinadora del equipo jurídico del Centro Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), es tajante: «No se puede discriminar el acceso a ninguna ayuda por nacionalidad». Recuerda que el arraigo ya es un criterio utilizado en algunas prestaciones, pero que nunca puede ser tan desproporcionado que impida el acceso a ayudas básicas, ni puede suponer una discriminación directa o indirecta. Sobre la reforma de la Ley de Extranjería que contempla el acuerdo, advierte de que tendría que aprobarse en el Congreso por mayoría absoluta, no en el Parlamento extremeño, por lo que lo considera «un brindis al sol». Y concluye: «Tendrían que reformar la Constitución».
Víctor García, abogado especializado en extranjería, apunta en la misma dirección: «Una prioridad nacional de verdad para dar preferencia a los españoles choca con el marco constitucional actual». Las comunidades autónomas pueden fijar requisitos objetivos para conceder ayudas, pero no pueden dar ventaja a los españoles por el mero hecho de serlo ni excluir a los extranjeros residentes, a quienes la norma estatal reconoce el acceso en igualdad de condiciones.
José Ángel Camisón, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante, señala que la Constitución no habla de prioridad nacional en el reparto de ayudas y que, para hacerlo legal, «habría que reformar la Ley de Extranjería y, en su caso, incluso la Constitución».
Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, analiza el acuerdo con más matices. Tras leer las 23 páginas del pacto, cree que el texto ha sido redactado con cuidado para introducir salvaguardas legales, y que en términos generales podría ser constitucional, «salvo» la prohibición del burka y la prioridad del producto español en comedores públicos. Pero sobre las pretensiones originales de Vox, es directo: «Saben que lo que están pidiendo es claramente ilegal».