El PP defiende en el Congreso su ley contra la ocupación ilegal con cortes de suministros y el desalojo de 'okupas' en 24 horas
El Congreso de los Diputados ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley orgánica del PP contra la ocupación ilegal, que plantea desahucios en 24 horas y el corte de suministros. La iniciativa ha recabado el apoyo de Vox y el rechazo en bloque del PSOE y las fuerzas de izquierda.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha abordado la toma en consideración de la proposición de ley orgánica presentada por el Partido Popular contra la ocupación ilegal de viviendas. La iniciativa legislativa defendida por los populares plantea una profunda batería de modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo fundamental de agilizar los plazos judiciales y facilitar los desalojos de los inmuebles ocupados en un margen máximo de 24 horas, además de introducir cambios normativos dirigidos a impedir el empadronamiento de los ocupantes en dichas viviendas y habilitar la posibilidad de cortar los suministros básicos de agua y luz sin que dicha acción pueda ser tipificada de forma colateral como un delito de coacciones.
El encargado de defender la postura del Grupo Popular ha sido el diputado Sergio Sayas, quien ha argumentado que el fenómeno de la ocupación no debe ser considerado bajo ningún concepto como un contratiempo de índole individual, sino como un problema social de primer orden que socava la convivencia y degrada de forma progresiva las comunidades. Sayas ha calificado las medidas propuestas como acciones de puro sentido común respaldadas por una amplia mayoría de la sociedad civil, al tiempo que ha reprochado al Ejecutivo central que se posicione del lado de los delincuentes.
Asimismo, el parlamentario popular ha hecho especial hincapié en el concepto de la inquiocupación, en alusión a aquellos inquilinos que dejan de abonar las mensualidades del alquiler de forma sistemática, alertando de que el miedo a perder el control del patrimonio inmobiliario retrae la salida de inmuebles al mercado ante la inacción del Estado.
El respaldo condicionado de Vox frente al rechazo de las formaciones nacionalistas
La proposición del Partido Popular ha contado con el voto favorable de Vox, cuyo diputado Ignacio Hoces ha manifestado que la norma avanza en la dirección correcta para revertir lo que considera el paraíso de las mafias de ocupación implantado por el actual Gobierno. No obstante, Hoces ha advertido de que la ley se queda corta en sus pretensiones al no contemplar la deportación inmediata de aquellos ciudadanos extranjeros que sean condenados en firme por delitos vinculados a la ocupación, ni recoger los criterios de prioridad nacional en el acceso a recursos públicos, subrayando además la existencia de un vínculo estrecho entre este problema inmobiliario y los flujos migratorios irregulares.
Por el contrario, los grupos de corte nacionalista e independentista periférico han marcado distancias con la propuesta. Desde las filas de Junts, la diputada Marta Madrenas ha tildado la iniciativa de puro simbolismo penal basado en eslóganes y sobrepenalizaciones, defendiendo como alternativa la propuesta de su propio partido para articular mecanismos rápidos de recuperación de la propiedad "sin vulnerar los derechos fundamentales".
El representante del PNV, Mikel Legarda, ha concentrado sus argumentos en una crítica estrictamente técnica al redactado de la ley, abogando en su lugar por el diseño de respuestas judiciales eficaces concentradas en el momento inicial del proceso delictivo, mientras que Cristina Valido, en representación de Coalición Canaria, ha solicitado avalar la tramitación del texto a pesar de manifestar discrepancias con varios de los puntos incorporados.
El bloque de la izquierda acusa al Partido Popular de populismo punitivo y crueldad
La respuesta del Partido Socialista y del resto de las fuerzas de izquierda que sostienen al Ejecutivo ha sido de un rechazo rotundo a la tramitación de la norma. El diputado del PSOE Raúl Díaz ha calificado la ley como "un pobre cascarón carente de cualquier tipo de seguridad jurídica que incurre en un evidente populismo punitivo y fiscal" con el único propósito de magnificar una problemática que considera residual. Díaz ha acusado a los populares de intentar inflar mediáticamente el asunto de la ocupación para blanquear lo que define como su estrepitoso fracaso histórico en la gestión de las políticas públicas de vivienda, censurando que la norma criminalice de forma directa a los sectores más vulnerables de la población.
Desde el grupo plurinacional de Sumar, el parlamentario Gerardo Pisarello ha denunciado que la verdadera finalidad de la proposición del PP es hacerle el juego a los grandes especuladores del mercado de alquiler, asimilando la estrategia a las políticas aplicadas durante la vigencia de la Ley del Suelo de la etapa de José María Aznar o a la venta de pisos de protección oficial en el Ayuntamiento de Madrid bajo el mandato de Ana Botella. Pisarello ha tildado de "crueles" las medidas referidas al corte de los suministros energéticos y a la prohibición del empadronamiento de familias sin recursos.
En términos parecidos se han expresado los portavoces de Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu, Etna Estrems y Oskar Matute; mientras Estrems ha calificado el pleno de obra de teatro mala y caducada al sostener que la ocupación en primeras residencias es casi inexistente, Matute ha tildado el redactado de "sadismo legislativo".
Finalmente, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha cerrado los turnos de réplica de la izquierda sentenciando de forma tajante que la ley en discusión carece de redactores legítimos para pasar a tener patrocinadores corporativos directos.