Polémica por las informaciones que vinculan a Begoña Gómez con locales de alterne durante la etapa de Sánchez como concejal
Un reportaje señala que la esposa del presidente habría trabajado en negocios donde se ejercía la prostitución mientras el PSOE defendía en Madrid un programa contra esta práctica
La figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la publicación de un reportaje que apunta a que, durante su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Madrid (2004-2009), su mujer, Begoña Gómez, habría colaborado en la gestión de locales en los que se ejercía la prostitución.
Según el medio citado, testigos aseguran que Gómez llevaba la contabilidad de establecimientos como la sauna Adán y el club de alterne Castellana 180, en un momento en que el PSOE defendía públicamente medidas contra la explotación sexual y proponía acabar con la prostitución en la capital.
El contraste entre el discurso político de entonces y las actividades atribuidas a la familia ha generado debate sobre coherencia y responsabilidad institucional. Como señala el economista José Ramón Riera, “en política, la confianza y la credibilidad son capital intangible: cuando se pierde, es muy difícil de recuperar”.
Reacciones políticas
Desde sectores críticos, se acusa a Sánchez de mantener un doble discurso mientras ejercía responsabilidades en el consistorio. “No se puede exigir el fin de una práctica mientras tu entorno directo participa en ella”, apuntan voces de la oposición.
El PSOE, por el momento, no ha emitido una respuesta oficial a las informaciones publicadas. Sin embargo, fuentes internas señalan que se trata de “acusaciones no probadas que buscan desgastar al presidente”.
Debate social y ético
Más allá de lo judicial, el caso ha reabierto un debate en torno a la coherencia política y la ejemplaridad pública. En un contexto en el que el propio Gobierno ha impulsado leyes contra la trata y la explotación sexual, el contraste resulta especialmente sensible.
“Los gobernantes no solo deben serlo, sino también parecerlo. La transparencia y la coherencia no son opcionales, son obligaciones”, afirma Riera en referencia a la importancia de preservar la confianza ciudadana en las instituciones.