Madrid detecta un "drenaje necesario" de solicitantes de asilo hacia recursos estatales tras su requerimiento al Gobierno

El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a notar los efectos de su requerimiento formal al Gobierno central, presentado en mayo, para exigir que la Administración General del Estado asuma la atención de los solicitantes de asilo, una responsabilidad que, según la legislación vigente, recae sobre los ministerios de Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según ha confirmado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ya se está produciendo un “drenaje necesario” de personas desde los recursos municipales hacia los estatales, lo que ha comenzado a aliviar la presión sobre el sistema de emergencia de la ciudad.

El requerimiento, utilizado como paso previo a un posible proceso contencioso-administrativo, buscaba poner fin a una sobrecarga de los recursos municipales, que estaban acogiendo a solicitantes de asilo en condiciones temporales por periodos que superaban los 130 días de media, llegando en algunos casos hasta los 290. En mayo, unas 400 personas en distintas fases del proceso de asilo ocupaban alrededor de 380 de las 630 plazas disponibles para emergencias sociales en la capital. Dichas plazas están diseñadas para estancias cortas, no para la atención prolongada que requiere el proceso de solicitud o denegación de Protección Internacional.

Aunque Fernández reconoció que la respuesta inicial del Gobierno fue “muy limitada”, ahora observa con “prudente satisfacción” una mayor derivación hacia recursos estatales, alineada con la competencia legal del Estado en materia de asilo y refugio. No precisó el número exacto de personas trasladadas, pero sí indicó que se trata de una “respuesta prudente” que evita, de momento, una escalada judicial entre administraciones.

En este contexto, el delegado también expresó su deseo de que el Gobierno central mantenga el ritmo actual de reubicaciones, permitiendo que los recursos municipales retomen su función de emergencia social en lugar de cubrir vacíos estructurales del sistema estatal de acogida.

No obstante, José Fernández aprovechó la ocasión para criticar la actuación del Ejecutivo central en materia de financiación social, en especial respecto a la atención a la dependencia. Afirmó que el Gobierno solo aporta el 30% del coste, cuando debería financiar el 50% según lo pactado. Con ironía, apuntó que ese 20% restante “es fácil de localizar”: en la financiación singular a Cataluña, lo que consideró una decisión que afecta negativamente a comunidades como Madrid, Andalucía o Extremadura.

“La atención a la dependencia es el contrato más importante de la ciudad de Madrid y no recibe el respaldo estatal necesario”, denunció, asegurando que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid van a “luchar por los intereses de los madrileños”, especialmente ante lo que considera desequilibrios territoriales en la política de financiación del Gobierno central.

Finalmente, reiteró que, pese a las diferencias con el Ejecutivo, el objetivo del requerimiento es cooperativo y no conflictivo, siempre que el Estado actúe con responsabilidad en el ámbito de sus competencias. La evolución de este “drenaje” marcará el tono de las relaciones institucionales en los próximos meses.