Choque institucional: el Gobierno acusa al poder judicial tras la condena al fiscal general y PP y Vox responden
El Gobierno denuncia injerencia del poder judicial tras la condena al fiscal general, mientras PP, Vox y Podemos intensifican el choque político e institucional.
El enfrentamiento entre el Gobierno y parte del poder judicial escaló este sábado tras la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados. La sentencia, inédita en la historia de la Fiscalía General en activo, ha desencadenado una tormenta política en la que Ejecutivo, oposición y socios parlamentarios han elevado al máximo la retórica.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, afirmó que la resolución constituye un “punto de inflexión”, al considerar que con ella “el poder judicial ha suspendido sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el Gobierno progresista”. Un mensaje que supone la acusación más directa hasta la fecha de interferencia institucional.
El Gobierno carga contra el Supremo y la oposición denuncia un ataque al Estado de Derecho
El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, calificó la sentencia de “injusta”, y sostuvo que no logrará “tapar la verdad de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid”, insistiendo en las denuncias socialistas sobre supuestos casos de corrupción relacionados con el entorno de Isabel Díaz Ayuso.
Desde Podemos, la secretaria general Ione Belarra acusó al Ejecutivo de permitir que “la derecha política, mediática y judicial asesine civilmente” al fiscal general para “tapar la corrupción de Ayuso”. Belarra reclamó al PSOE “reventar a la derecha” para defender los principios democráticos, en un discurso de máxima confrontación interna y externa.
Por su parte, el PP advirtió de que el Gobierno está cruzando una “línea peligrosa” al acusar al Supremo de actuar políticamente. La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, exigió incluso la disolución de las Cortes y elecciones generales, al considerar que Pedro Sánchez está liderando un “ataque al Estado de Derecho y a la separación de poderes”.
Según Fúnez, el presidente del Gobierno ha “deslegitimado al poder judicial” al defender al fiscal general condenado y prepara “el relato para un posible indulto”. La dirigente popular insistió en que “España no necesita gritos ni insultos, sino respeto institucional, responsabilidad política y verdad”.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue más allá y declaró que la condena demuestra que “el Estado de Derecho funciona, aunque quienes deben defenderlo se dediquen a delinquir”.
Vox exige cárcel para Sánchez y promete “sentarlo en el banquillo”
El presidente de Vox, Santiago Abascal, elevó aún más la tensión política durante un acto en Salamanca. Aseguró que España “no volverá a ser una democracia normal hasta que Sánchez no se siente en el banquillo y asuma las consecuencias de sus actos”, y prometió que su partido “sacará del poder al presidente y a su equipo para que acaben en la cárcel”.
Sus palabras refuerzan el clima de polarización máxima que atraviesa la política española, con un choque frontal entre instituciones, partidos y bloques ideológicos.
Una crisis institucional sin precedentes desde la aprobación de la Ley de Amnistía
La condena al fiscal general se suma a un contexto ya tenso por la negociación y aprobación de la Ley de Amnistía, los desencuentros sobre la renovación del CGPJ y las críticas cruzadas por la falta de neutralidad institucional. El Gobierno mantiene que algunos sectores judiciales están actuando para desestabilizar al Ejecutivo, mientras que la oposición acusa a Sánchez de socavar la independencia judicial.
La División en torno a la figura del fiscal general —nombrado por el Gobierno y ahora condenado por el Supremo— amenaza con profundizar una crisis institucional que, lejos de moderarse, parece dirigirse hacia un choque prolongado.