España cuenta con 4.863 entes públicos paralelos: ¿cuánto cuestan realmente los “chiringuitos”?

España alberga 4.863 entes públicos no directamente integrados en la estructura ministerial, autonómica o municipal, según el inventario actualizado del Ministerio de Hacienda. Estas entidades, conocidas popularmente como “chiringuitos”, representan una red de administración paralela financiada con fondos públicos que, en muchos casos, carece de una utilidad clara, de control fiscal adecuado o de transparencia en su funcionamiento.

El término chiringuito no es solo una etiqueta populista. Es, cada vez más, una alerta sobre un modelo de gestión pública que deriva recursos del contribuyente a estructuras que se han multiplicado al margen del control parlamentario y de la fiscalización directa del Tribunal de Cuentas. Aunque algunas de estas entidades cumplen funciones clave —como empresas de transporte público o servicios urbanos—, un elevado número ha sido señalado por actuar como instrumentos para el reparto de cargos de confianza, duplicar funciones ya cubiertas o justificar contratos sin licitación pública.

Sin control consolidado ni coste claro

Una de las críticas más contundentes al sistema es la ausencia de una contabilidad consolidada y transparente que permita conocer con exactitud cuánto cuestan estos organismos al Estado. Las estimaciones más prudentes elevan su coste conjunto a decenas de miles de millones de euros al año, aunque no existe un dato oficial cerrado. Este vacío de información impide una evaluación rigurosa de su eficiencia y necesidad.

Cada euro destinado a sostener estas estructuras opacas es un euro que no se invierte en servicios esenciales como la sanidad, la educación o las pensiones.

¿Para qué sirven realmente?

Si bien algunas entidades cumplen una función necesaria, como puede ser una empresa pública de transporte o un consorcio de emergencias, muchas otras son señaladas por su escasa productividad y su uso como vía para la colocación de personal afín políticamente.

En el ámbito local, diversos ejemplos revelan cómo ciertas fundaciones o empresas municipales duplican servicios que ya están externalizados o prestados por otras administraciones, incrementando el gasto sin justificar su valor añadido. Un caso citado por varios expertos menciona a un municipio madrileño que paga 3 millones de euros más que el ayuntamiento vecino por los mismos servicios públicos, a través de una empresa pública de nueva creación orientada a absorber apoyos políticos.

El coste oculto del clientelismo

El fenómeno trasciende el coste económico: debilita la confianza ciudadana en la gestión pública, alimenta el clientelismo y desvía el foco de las prioridades sociales. Mientras se asignan miles de millones de euros a organismos paralelos, el gasto sanitario per cápita disminuye en varias comunidades, los tiempos de espera para una operación se disparan, y los recursos para jóvenes, ciencia o dependencia son insuficientes.

En este contexto, voces desde distintos ámbitos políticos y sociales coinciden en la necesidad de una auditoría integral de estos entes, así como en la consolidación de sus cuentas para clarificar qué organismos son útiles, cuáles son redundantes y cuáles actúan como estructuras meramente políticas.

¿Y ahora qué?

Expertos en derecho administrativo y economía pública abogan por una reforma urgente de la estructura institucional del sector público instrumental, que incluya:

• Una auditoría pública independiente, con publicación obligatoria de resultados.

• La evaluación del impacto y eficiencia de cada entidad.

• La reducción o eliminación de los entes inactivos, duplicados o ineficientes.

• Una nueva legislación que limite la discrecionalidad política en la creación de estos entes.

En un contexto de déficit fiscal estructural y de crisis de confianza institucional, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas no son ya una opción, sino una exigencia democrática y económica. El debate sobre los “chiringuitos” no es solo una crítica coyuntural: es una llamada a una gestión pública racional, austera y orientada al servicio real del interés general.