Parálisis en Transportes: el desplome de la inversión reabre el debate sobre la seguridad de las infraestructuras
El fuerte descenso del gasto y la inversión en Transportes desde 2023 centra la polémica tras el accidente de Adamuz y aviva las críticas a la gestión del ministerio
La evolución del gasto público en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha irrumpido con fuerza en el debate político y económico tras el accidente ferroviario de Adamuz. Los datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reflejan una caída sostenida y muy significativa del gasto ejecutado y, especialmente, de la inversión, un hecho que distintos analistas vinculan al deterioro del mantenimiento y a los riesgos en infraestructuras críticas.
Según las cifras de la IGAE, en 2023 el Ministerio ejecutó 14.503 millones de euros, con más de 7.000 millones destinados a inversión, entre actuaciones directas y transferencias de capital a organismos como Adif y Renfe. Un año después, en 2024 el gasto descendió un 27% y la inversión se redujo un 47%, marcando uno de los mayores retrocesos de la serie histórica reciente.
La tendencia negativa se acentúa en 2025. A cierre de noviembre, el gasto ejecutado ronda los 7.000 millones de euros, lo que supone aproximadamente la mitad del nivel de 2023, mientras que la inversión acumulada es ya un 60% inferior. Especialmente llamativo resulta el desplome de las transferencias de capital, fundamentales para obras, seguridad y modernización de la red, que se han reducido cerca de un 90% en apenas dos años.
Un recorte que, según advierten expertos, no puede interpretarse como un mero ajuste contable. El economista José Ramón Riera ha subrayado que “cuando no se ejecuta el presupuesto disponible, no se mantiene la red y el riesgo deja de ser teórico”, alertando de que la inversión pública en infraestructuras cumple una función directa de prevención y seguridad.
Infraestructuras críticas bajo presión
Carreteras, ferrocarriles y redes básicas acumulan en los últimos meses incidencias, retrasos y fallos técnicos, en un contexto de menor capacidad de actuación del Ministerio. Analistas del sector insisten en que la falta de inversión sostenida se traduce inevitablemente en un deterioro progresivo, con consecuencias que pueden afectar tanto a la calidad del servicio como a la seguridad de los usuarios.
Riera resume esta situación señalando que “los números no mienten: la inversión cae, la ejecución se hunde y el riesgo aumenta”, una afirmación que ha sido ampliamente difundida en el debate público tras conocerse los datos presupuestarios.
Debate político y exigencia de responsabilidades
El descenso del gasto coincide con un periodo de alta tensión política tras los accidentes ferroviarios registrados en las últimas semanas. Desde la oposición se cuestiona la gestión del Ministerio y se reclama una explicación detallada sobre las prioridades presupuestarias, mientras que el Gobierno defiende que las investigaciones sobre las causas de los siniestros siguen su curso y que no existe una relación directa probada entre inversión y accidentes concretos.
Más allá de la confrontación política, el análisis de la ejecución presupuestaria ha puesto el foco en la necesidad de garantizar una inversión estable y suficiente en infraestructuras críticas, consideradas un pilar básico del servicio público y de la seguridad colectiva.