El Congreso activa el nuevo Consejo que podrá sancionar a periodistas sin el apoyo de PP y Vox

El Congreso de los Diputados ha completado la designación de los representantes que integrarán el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP), el nuevo órgano encargado de evaluar y proponer sanciones a periodistas acreditados que incumplan las normas internas de la Cámara. Todos los grupos han presentado ya a sus diputados, salvo PP y Vox, que mantienen su rechazo frontal a esta figura al considerarla un intento de limitar la libertad de prensa.

El Consejo estará compuesto por dos representantes de la Mesa del Congreso —uno de la Presidencia y otro de la Vicepresidencia Segunda—, un diputado de cada grupo parlamentario y dos periodistas elegidos por asociaciones profesionales, que podrán opinar pero no tendrán voto.

El plazo para presentar candidatos finalizó el pasado miércoles. El PP declinó participar en coherencia con su oposición a la reforma del Reglamento, mientras que Vox tampoco registró nombres, confirmaron fuentes parlamentarias. Los populares sostienen que esta medida “pretende controlar la libertad de expresión y de información” y han reiterado que no formarán parte del mecanismo.

Por parte del PSOE, el diputado Antidio Fagundez representará al grupo, mientras que Francisco Sierra hará lo propio en nombre de Sumar. ERC ha designado a Francesc-Marc Álvaro i Vida, Junts a Pilar Calvo y el Grupo Mixto contará con Javier Sánchez Serna de Podemos. Aunque el PNV y Bildu aún no han formalizado sus representantes, se espera que lo hagan en los próximos días, con Mikel Legarda y Mertxe Aizpurua, respectivamente.

La presidencia del Consejo recaerá previsiblemente en el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual vicepresidente primero del Congreso. La vicepresidencia, que correspondería al PP, podría quedar vacante.

Además, las periodistas Anabel Díez (El País), presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, y María Llapart (La Sexta), también miembro de su directiva, formarán parte del órgano, aunque únicamente con voz y sin capacidad de voto.

El Consejo surge de una instrucción aprobada por la Mesa en desarrollo de la reforma del Reglamento, impulsada en julio por el PSOE y sus aliados. El texto establece un régimen sancionador que incluye la posibilidad de revocar la acreditación a medios o profesionales en caso de conductas consideradas inadecuadas. Asimismo, fija nuevos criterios de acceso a la acreditación, como el requisito de contar con al menos diez empleados o no tener deudas con la Seguridad Social.

El procedimiento establece que cualquier infracción podrá ser denunciada al Departamento de Comunicación, y será la Mesa del Congreso la que traslade el caso al Consejo Consultivo para su análisis. La decisión final sobre posibles sanciones corresponderá a la propia Mesa, con la posibilidad de recurso.