Tormenta política tras la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos
La condena a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos desata un choque político con acusaciones de lawfare, críticas al Poder Judicial y división institucional.
La sentencia del Tribunal Supremo que inhabilita dos años al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos relacionado con el caso que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha desencadenado una intensa ola de reacciones políticas que profundiza la fractura institucional.
La resolución, adoptada por cinco votos frente a dos, ha provocado que formaciones políticas, ministros y representantes institucionales expresen posiciones que oscilan entre la denuncia frontal y la cautela ante la falta de publicación íntegra del fallo.
La reacción más vehemente llegó desde Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, denunció en TVE lo que considera “una guerra sucia judicial y política” destinada a apartar a García Ortiz con el objetivo de “tapar la corrupción” que atribuye a Ayuso y a su pareja, Alberto González Amador. Belarra aseguró que el Tribunal Supremo “ha condenado a un inocente” y que la fecha elegida para comunicar el fallo, el 20 de noviembre, no es casual. A su juicio, el caso es un ejemplo claro de lawfare y responde a una estrategia para crear “un gran caso mediático” que desvíe la atención del presunto delito fiscal imputado a González Amador.
La dirigente morada amplió sus críticas al PSOE, acusándolo de haber “entregado” el Consejo General del Poder Judicial a la derecha tras el acuerdo para su renovación. Afirmó, además, que el sistema judicial español “no hizo la transición democrática”, cuestionando su independencia estructural.
Desde el Gobierno, el tono ha sido distinto, aunque también cargado de preocupación. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se declaró “realmente sorprendido” por la condena y mostró “gran curiosidad” por conocer en detalle la argumentación aún no publicada del Supremo. Tras haber seguido el juicio, aseguró no haber observado “ningún elemento” que acreditara la revelación de secretos, y destacó la división interna del tribunal como prueba de la complejidad del proceso.
Planas evitó pronunciarse sobre los posibles recursos ante el Tribunal Constitucional o instancias europeas, remarcando que es decisión personal del fiscal general, aunque advirtió que el debate político seguirá “semanas y meses”.
Quien fue más directo fue el ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, para quien el fallo envía un “mensaje demoledor”: “No te atrevas a tocar a Ayuso”. López manifestó sentir “desolación e indignación” y sostuvo que la sentencia “pone en riesgo valores democráticos” al considerar que el fiscal general ha sido “condenado sin pruebas”. En su análisis, la resolución busca “desviar el foco” del caso fiscal de González Amador y construir una narrativa de “victimización” en torno a la presidenta madrileña.
El dirigente socialista insistió, no obstante, en que el Ejecutivo acatará la sentencia, negando cualquier posibilidad de adelanto electoral derivado de esta crisis. Reiteró que la prioridad del Gobierno es “respetar la Justicia” y asegurar la continuidad de la legislatura.
La condena, que se suma a un clima político ya tensionado, abre una nueva etapa de confrontación sobre el papel de las instituciones, la independencia judicial y el uso partidista de los procesos penales, mientras se espera la publicación íntegra del fallo que detalle los argumentos del Supremo.