El CNAE reabre la batalla sobre la prostitución
El Ministerio de Igualdad trabaja con el INE para eliminar la referencia al “trabajo sexual” en la clasificación estadística CNAE-2025. La polémica surge justo cuando el Ejecutivo ultima un anteproyecto de ley abolicionista, lo que evidencia las contradicciones internas en torno a un debate social y político sin consenso.
La polémica estalló a finales de agosto, cuando se conoció que la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2025) había incluido, dentro del epígrafe 96.99 de “Otros servicios personales”, la frase “prestación o concertación de servicios sexuales”. Esta referencia, que pasó desapercibida desde enero, fue detectada por asociaciones feministas y colectivos vinculados al trabajo sexual, provocando una tormenta política en vísperas del inicio del curso parlamentario.
El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, salió al paso aclarando que se trataba de un automatismo estadístico, fruto de la traducción literal de la guía europea NACE elaborada por Eurostat, y que no tiene efectos jurídicos ni fiscales en España, dado que la prostitución no está reconocida como actividad económica legalizada.
“Se trata de un error de traslación que no tiene validez. Estamos trabajando con el INE y el Ministerio de Economía para que esa referencia se elimine cuanto antes”, explicó Redondo, que además enviará una carta a la Comisaria Europea de Igualdad solicitando que las guías estadísticas comunitarias tengan en cuenta las diferencias legales y sociales de cada Estado miembro.
Un debate con dos frentes enfrentados
La controversia ha expuesto nuevamente la división entre colectivos feministas y asociaciones de trabajadoras sexuales. Mientras que la Asociación de Mujeres Juristas Themis considera la inclusión “inaceptable” y reclama coherencia con la postura abolicionista del Ejecutivo, colectivos como StopAbolición denuncian que la retirada invisibiliza a miles de mujeres que ya tributan bajo epígrafes genéricos para poder cotizar y acceder a derechos básicos como pensiones o bajas.
El Gobierno ha insistido en que la modificación estadística no altera los derechos de quienes se registran como autónomas en epígrafes generales y que no existe reconocimiento legal del trabajo sexual. Sin embargo, para el movimiento abolicionista, la propia mención en un registro oficial supone “legitimar una forma de esclavitud del siglo XXI”.
El choque con el anteproyecto de abolición
La polémica llega en un momento especialmente delicado: el Ejecutivo se dispone a llevar en septiembre al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para la abolición de la prostitución, una promesa del PSOE que lleva años encallada en el Parlamento y que ha dividido tanto al bloque progresista como a los colectivos sociales.
El texto —todavía pendiente de consenso— contempla sanciones a los clientes, medidas contra el proxenetismo y apoyos económicos y sociales para mujeres que deseen abandonar la prostitución. Su tramitación no será sencilla: ni dentro de la coalición de Gobierno ni entre los partidos del Congreso existe un acuerdo claro sobre cómo afrontar la regulación de la prostitución.
La aparición de la mención en el CNAE-2025 supone, en este contexto, una contradicción política evidente: mientras Igualdad defiende la abolición, una guía oficial daba cierta carta de naturaleza estadística a la actividad. Para sectores críticos, esta incoherencia refleja las dificultades del Ejecutivo para gestionar un tema tan sensible, donde confluyen posturas feministas abolicionistas, demandas de colectivos de trabajadoras sexuales y exigencias de armonización europea.
Una cuestión técnica con repercusiones políticas
Aunque desde el punto de vista jurídico se trata solo de una clasificación estadística sin efectos prácticos, el debate ha trascendido al terreno político y social. España es uno de los países europeos donde más extendida está la prostitución y, pese a no estar prohibida, se encuentra en una situación de alegalidad: no es delito ejercerla de forma individual, pero sí lucrarse de la prostitución ajena.
La inclusión en el CNAE respondía a criterios de comparabilidad estadística con otros Estados de la UE, donde la prostitución sí está legalizada y reconocida como actividad económica. Sin embargo, su aparición ha puesto en cuestión la coherencia del discurso gubernamental, al mismo tiempo que ofrece munición política a quienes reclaman una definición clara y definitiva.
Un septiembre marcado por el debate
La coincidencia temporal entre la polémica del CNAE y la inminente presentación del anteproyecto abolicionista convierte este inicio de curso político en un momento decisivo para el Ejecutivo. El Gobierno pretende dejar claro que su objetivo sigue siendo la abolición de la prostitución y que la clasificación estadística no es más que un error técnico ya enmendado.
No obstante, la cuestión abre de nuevo una pregunta central: ¿cómo abordar en España una actividad que, aunque no legalizada, mueve miles de millones de euros, afecta a decenas de miles de mujeres y está profundamente dividida entre la visión de “trabajo sexual” y la de “explotación sexual”?
El CNAE ha servido de catalizador de un debate que, más allá de lo técnico, pone a prueba la capacidad del Gobierno para avanzar hacia una legislación abolicionista en un país sin consenso social ni político sobre el futuro de la prostitución.