Ayuso denuncia que la falta de control migratorio “dinamita la convivencia”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este lunes de que el problema de la inmigración en España se origina en el “descontrol absoluto de las fronteras”, una situación que, según denunció, está provocada por la “inacción” del Gobierno central.
En una entrevista en Telecinco, la dirigente regional afirmó que la ausencia de control en los accesos al país “revienta los servicios públicos y dinamita la convivencia”, no por una cuestión de inmigración en sí misma, sino por un problema “de números” y de capacidad de atención a una población creciente.
“Es imposible sostener los servicios públicos”
Ayuso aseguró que el desbordamiento de recursos se debe a que “es imposible poder atender los servicios públicos a mucha más población de la que cotiza”. En este sentido, puso como ejemplo la presión sobre la seguridad y los servicios básicos en Madrid ante la llegada de “centenares de miles de personas” cada año a través de aeropuertos como Barajas.
La presidenta madrileña recalcó que esta situación no se da en la mayoría de países europeos y reprochó al Ejecutivo que “mire hacia otro lado” en lugar de reforzar el control en las fronteras.
Crítica a la gestión de los menores migrantes
Durante la entrevista, Díaz Ayuso también se refirió a los menores extranjeros no acompañados, señalando que muchos de ellos “ni siquiera lo son realmente”, puesto que “mienten sobre su edad y procedencia”.
“España no mandaría a sus menores por el mundo a dar vueltas sin control, ni permitiría que esto sucediera. No entiendo cómo tantos países lo admiten de partida”, afirmó la presidenta madrileña, en alusión a la falta de coordinación europea en esta materia.
Reivindicación de más seguridad y control
Ayuso insistió en que el problema “no es la inmigración en sí”, sino la ausencia de un sistema de control eficaz que permita gestionar los flujos migratorios de manera ordenada. A su juicio, la solución pasa por reforzar las fronteras y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos sin poner en riesgo la convivencia ciudadana.