Almeida exige a Isabel Rodríguez que rectifique sus declaraciones sobre el 155 y lo tacha de “barbaridad jurídica”
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez‑Almeida, ha pedido por carta a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que rectifique sus declaraciones en las que sugirió que le “encantaría aplicar el artículo 155” en la Comunidad de Madrid. Almeida considera que esas afirmaciones suponen una “barbaridad jurídica” y una deslealtad institucional que deteriora las relaciones entre administraciones.
El enfrentamiento político entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno central ha escalado después de que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmara en declaraciones públicas que, de disponer de mayoría en el Senado, le “encantaría” aplicar el artículo 155 de la Constitución Española para intervenir la Comunidad de Madrid por su gestión de la legislación de vivienda.
Ante estas palabras, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez‑Almeida, ha enviado una carta a Rodríguez en la que exige que rectifique inmediatamente sus comentarios. En el escrito, el primer edil subraya la cooperación que han mantenido ambas administraciones durante la Operación Campamento, pese a las diferencias políticas, y lamenta que las declaraciones de la ministra rompan esa colaboración con una actitud calificada como “barbaridad jurídica” y “deslealtad institucional incompatible con el mínimo decoro” en un Estado de Derecho.
La controversia surge en medio de un debate más amplio sobre la implementación de la Ley de Vivienda, aprobada por el Ejecutivo central, y la resistencia de la Comunidad de Madrid a adoptar algunas de sus medidas. Rodríguez ha defendido en diversas intervenciones que, si bien no puede activar el 155 por no contar con la mayoría necesaria en el Senado, el recurso al marco constitucional pone de manifiesto el conflicto entre las competencias autonómicas y las exigencias de la normativa estatal.
Desde el Gobierno regional encabezado por Isabel Díaz Ayuso, la respuesta no se ha hecho esperar. Las voces del Ejecutivo autonómico han criticado la falta de coherencia de la ministra, señalando que sus declaraciones sobre aplicar el 155 contrastan con su presencia en actos oficiales donde participa en iniciativas de vivienda promovidas por la propia Comunidad. Además, han insistido en que Madrid cumple con sus competencias y que la colaboración institucional debe prevalecer sobre los reproches públicos.
La disputa pone de relieve las tensiones inherentes al reparto competencial entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, especialmente en ámbitos sensibles como la vivienda, y reabre el debate político sobre los límites del diálogo institucional frente a las referencias a mecanismos extraordinarios como el artículo 155, cuyo uso ha sido históricamente excepcional y controvertido en España.