El alcalde de Móstoles se declara en indefensión y anuncia posibles acciones legales contra medios
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha expresado públicamente su malestar por la difusión de informaciones en varios medios de comunicación que, según él, le sitúan en el centro de un “juicio mediático” por presuntas conductas de acoso laboral y sexual que habría dirigido a una exconcejala de su propio grupo político. Bautista ha señalado que le resulta “casi imposible” defenderse ante estas publicaciones y ha advertido de que valorará acciones legales y querellas contra los medios implicados para salvaguardar su derecho al honor y su presunción de inocencia.
Según sus declaraciones, la situación le provoca una sensación de indefensión porque no existe un procedimiento judicial abierto ni una sentencia que avale las acusaciones, y entiende que su reputación se ha visto dañada sin que haya fuentes que respalden las versiones publicadas. En ese sentido, el alcalde ha insistido en que “no se puede llamar acosador a una persona si no hay una sentencia de por medio” y que carece de mecanismos efectivos para contrarrestar las interpretaciones de la prensa.
El caso comenzó a trascender públicamente tras la difusión en varios periódicos de que una exconcejala le había acusado de acoso laboral y sexual, aunque el Partido Popular de Madrid afirma que en el seno del propio partido el expediente interno fue archivado por falta de pruebas y que no se llegó a interponer denuncia penal alguna. Bautista ha defendido su inocencia, remarcando que “no hay nada en sede judicial” y que el asunto está siendo gestionado por sus abogados.
La polémica ha desatado reacciones también en el ámbito político. Partidos como PSOE, Más Madrid y Vox han exigido explicaciones y la dimisión del alcalde, acusando al PP de encubrir o minimizar hechos graves, mientras que la dirección regional del Partido Popular ha defendido al regidor, asegurando que no existe evidencia clara de acoso y calificando la situación como una disputa interna exagerada por los medios.
El debate se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la responsabilidad política y mediática de los cargos públicos, y plantea interrogantes sobre cómo equilibrar la presunción de inocencia con la libertad de información en casos que implican alegaciones de comportamiento inapropiado.