La vivienda entre España y México
Como un eco repetido en orillas distintas del Atlántico, México y España han comenzado a enfrentarse a un problema común: una crisis de vivienda que alimenta un clima de malestar social. Es una historia que, aunque escrita con acentos diferentes, tiene un mismo telón de fondo: la falta de desarrollo equilibrado en el territorio, la concentración de empleos y servicios en grandes metrópolis y la incapacidad de planificar a tiempo infraestructuras de transporte y vivienda en zonas próximas a las ciudades. En ambas naciones el problema se agudiza por la expansión del alquiler turístico y la llegada masiva de extranjeros y nómadas digitales que incrementan los precios de los pisos. Ante la falta de movilidad y de opciones de vivienda en áreas cercanas a las metrópolis, las protestas ciudadanas se multiplican.
Protestas en Barcelona, Jerez y Burgos: el grito español por una vivienda digna
En España, la indignación se alzó a finales del 2024, cuando miles de personas salieron a las calles de Barcelona, Jerez de la Frontera y Burgos para exigir medidas concretas contra el aumento de los alquileres. La consigna era clara: hay que reducir los precios de las rentas al menos un 50 % y frenar el auge de los pisos turísticos y la gentrificación. El lema que encabezó la marcha en Barcelona fue un grito de dignidad: “Se ha acabado, bajemos los alquileres. Por una vivienda digna para todos”. Los manifestantes señalaron a especuladores, bancos y fondos “buitres”, y no sólo reclamaron un techo asequible, sino que reclamaron un cambio de modelo, la prohibición de la compra especulativa.
Gentrificación en la Ciudad de México
Del otro lado del océano, la Ciudad de México ha vivido protestas similares. Vecinos de colonias tradicionales, como la Roma y la Condesa, se manifestaron en 2024 y 2025 para denunciar la gentrificación y el alza de los alquileres provocados por la llegada de nómadas digitales. La entonces jefa de Gobierno y actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que el encarecimiento de la vivienda es un problema real. En julio de 2025 señaló que existe “mucha especulación inmobiliaria por la renta de vivienda a través de plataformas digitales” y que su gobierno estudiaría mecanismos para regularlas, tomando como referencia lo que se hace en ciudades como Barcelona. Sheinbaum insistió en que México es un país abierto y rechazó cualquier actitud xenófoba, subrayando que la solución pasa por buscar regulaciones que eviten el desplazamiento de los residentes sin fomentar el rechazo a los extranjeros. Como consecuencia, el pago de derechos a residentes extranjeros aumentó considerablemente.
Falta de movilidad y desarrollo regional.
Las protestas en ambos países tienen un trasfondo estructural: la ausencia de una estrategia de movilidad y de desarrollo equilibrado. La mayor parte de los empleos y servicios se concentran en unas pocas metrópolis (Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey) mientras que las áreas suburbanas y rurales permanecen subdesarrolladas. Esto obliga a millones de personas a desplazarse diariamente a los centros urbanos, saturando la vivienda y el transporte, y elevando los costos de rentas hasta niveles insostenibles.
Regulación de los alquileres turísticos.
La proliferación de plataformas como Airbnb ha tenido un efecto directo en el aumento de las rentas tanto en México como en España. Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido desigual. En México, el caso paradigmático es San Miguel de Allende. El municipio cobra desde 2022 un derecho por cambio de uso de suelo a las viviendas que se anuncian en Airbnb. Gracias a este cobro, la tesorería municipal informó que se recaudaron 175 442 pesos en 2022. Para 2023, la tarifa de cambio de uso de suelo se incrementó de 10 000 a 45 000 pesos, con la justificación de que el aumento más del 300 %, permitiría financiar mejoras en seguridad y servicios para los visitantes. Estas medidas intentan poner orden en el mercado y garantizar condiciones de seguridad; sin embargo, la mayoría de los alojamientos de plataformas digitales siguen sin pagar el impuesto estatal sobre hospedaje, y los hoteleros de San Miguel denuncian que la competencia desleal persiste.
En cambio, la isla de Ibiza se ha convertido en un ejemplo de cómo combatir el alojamiento ilegal. El Consell de Ibiza aplicó un “Plan” con un enfoque, destinado a intensificar las inspecciones y las sanciones, controlar las plataformas y trabajar con ellas. Entre enero y junio de 2025, estas medidas redujeron el número de anuncios ilegales en Airbnb de 2 241 a 792, una caída del 65 %. Además, el Consell firmó un acuerdo con Airbnb y otras plataformas para eliminar los anuncios sin licencia y evitar que se publiquen nuevos sin registro, con la meta de erradicar todos los alojamientos no regulados antes de mediados de 2025.
Detrás de esta eficacia hay un trabajo coordinado entre la administración y la tecnología. El Consell cuenta con seis inspectores adscritos a la Dirección General del Intrusismo, apoyados por sistemas de inteligencia turística que cruzan la geolocalización de anuncios con el registro oficial de alojamientos.
Los casos de San Miguel de Allende e Ibiza revelan que la regulación de los alojamientos turísticos es una pieza clave en la lucha contra la gentrificación y el encarecimiento de la vivienda. Pero también evidencian distintas velocidades. En México falta coordinación entre municipios y estados para que todos los anfitriones paguen la contribución estatal sobre hospedaje. Las autoridades municipales pueden cobrar permisos de uso de suelo y realizar inspecciones, pero sin colaboración con el gobierno estatal se corre el riesgo de que la medida se quede en un gesto recaudatorio.
Por otra parte, la crisis de vivienda en ambas naciones no se resolverá con soluciones rápidas ni populistas. Se requieren políticas a largo plazo que incentiven la construcción de vivienda accesible, movilicen suelo público y ofrezcan seguridad jurídica a los inversores. También hacen falta políticas de transporte que permitan a las personas vivir en periferias bien conectadas sin que ello suponga perder horas en el tráfico. La propuesta de escalonar horarios laborales, de manera que las horas de entrada y salida no coincidan para todos, puede parecer utópica, pero reduciría la saturación de carreteras y sistemas de transporte. En la medida en que los gobiernos locales y nacionales trabajen juntos para crear ciudades policéntricas, con servicios y empleos distribuidos, se aliviará la presión sobre los centros históricos y los barrios más turísticos.