Todo por la pasta
Incluso ya desde antes de que el gobernador de Siria convocase un censo —allá a principios o finales de la era—, y José montase a María en la borriquita camino de Jerusalén, hasta los manteros de Barcelona saben que todo censo tiene como fin último un interés recaudatorio. Esa es la cuestión formal y de fondo que subyace en el decreto de regularización de inmigrantes ilegales. Analizando la “prioridad nacional” de Vox, solo caben dos opciones: o no saben de lo que están hablando, con lo que su opinión es para darles de comer aparte, o, lo que es peor, lo saben, luego mienten como bellacos para obtener un rédito electoral, en idéntica línea que el PSOE:
Y no, no es cierto que el decreto de regularización vaya a tener el menor impacto en las urnas. Ya le gustaría a Sánchez, pero no le caerá esa breva. Porque, para lo que incumbe, lo mismo la Constitución como la ley electoral son claras al respecto: el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad, es decir, que en principio quedan excluidos los extranjeros, por muy residentes legales que sean.
Los ilegales regularizados no podrán votar en ninguna convocatoria general ni autonómica, y solo podrán acudir a las municipales, siempre que puedan demostrar haber vivido durante cinco años ininterrumpidos en España, estar empadronados en el municipio en el que voten, estar inscritos en el censo y que exista un convenio de reciprocidad con su respectivo país de origen.
Es decir, que salvo que sean naturales del Reino Unido o Noruega, cuyo período se reduce a tres años, o Nueva Zelanda, que disfrutan del derecho automático, aun cumpliendo todos los requisitos, solo podrían acudir a las urnas municipales los residentes en España procedentes de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
Claro, sí podrían votar los nacionalizados, pero para transitar de tener residencia legal a obtener la ciudadanía española, transcurre un plazo mínimo de diez años o cinco si se obtiene el estatus de refugiado. Intervalo que se reduce a dos años para los inmigrantes procedentes de países hispanoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o los sefardíes, a los que se les aplica sine die el derecho a recuperar la ciudadanía perdida con el Decreto de Expulsión de los Reyes Católicos.
Por parecidos derroteros transitan los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática de Zapatero, que permitía la obtención a descendientes de exiliados o emigrantes españoles, y la Ley de Memoria Democrática del 2022, que, una vez nacionalizados e inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes, solo pueden votar en las elecciones generales, pero no en las municipales. Por si a alguien aún cabe alguna duda, los inmigrantes acogidos al Decreto de Regularización podrían votar como más temprano en el año 2036, lo que lo deja muy alejado de las hipotéticas aspiraciones sanchistas de engordar el censo con supuestos estómagos agradecidos.
Por otro lado, este que suscribe, que a diario trata con gente de medio mundo y parte del extranjero, puede dar fe de que muchos de los solicitantes son argentinos, cubanos y venezolanos, que antes de votar al PSOE se echan de cabeza a Vox, porque andan bastante alejados del comunismo, la izquierda, la ultraizquierda y sus satélites.
Ante la pregunta lógica de qué motiva al Gobierno a la regularización. Nada más lejos que el altruismo. El objeto es más bien prosaico y puramente económico. Una bolsa humana de unos 800.000 individuos que ni viven debajo del puente de Triana, ni cruzan mañana y noche a diario la frontera de Tánger, escondidos bajo la dentadura postiza de José Pérez Gómez. Son gente que mora en viviendas con arriendo no declarado. De modo que, sin demasiado esfuerzo, el Gobierno obtiene de la nada ingresos del IVA y beneficios por los alquileres —y posiblemente por más de una sanción—, además de retenciones a cuenta del IRPF de incontables aflorados, a lo que se suma un mar de nuevos cotizantes a la Seguridad Social. En el sentido estricto, a la vista queda, les importa un cuerno las condiciones de vida de los ilegales. Al final, como siempre, todo es por la pasta.