Subsidios e incentivos
El gobierno lleva tiempo sacando pecho porque crece el número de ciudadanos que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La verdad es que esto no es para estar orgulloso puesto que refleja el creciente empobrecimiento de la sociedad. Si la economía es un cohete, entonces el número de perceptores de esta ayuda debería ser cada vez menor, y tampoco deberíamos padecer la tasa de desempleo más elevada de la OCDE.
El subsidio de desempleo puede alcanzar con facilidad el equivalente del sueldo más frecuente, y en cuanto al IMV, en muchos casos supera el SMI. No es casualidad, ni algo inevitable, que tengamos tanto paro ni a casi 800.000 hogares cobrando el IMV. Esto es consecuencia de una economía anquilosada, entre otros motivos, debido a los desincentivos al trabajo que genera la política asistencial y social del gobierno.
Como seres racionales que somos respondemos a los incentivos. Cuando los subsidios y las ayudas son similares al sueldo que se puede obtener en el mercado, entonces la mayor parte de la gente prefiere no trabajar.
Las personas sanas y en edad de trabajar deben vivir de su propio esfuerzo y no a costa del contribuyente, especialmente cuando las oportunidades laborales no faltan, ya sea en la construcción, en el sector servicios o en el sector primario.
En una economía que crece no es normal que aumente el gasto social en ayudas. O bien se trata de un crecimiento ficticio o bien las ayudas son excesivas y tienen como fin crear una red de clientes rehenes dependientes del estado con el fin de maximizar la probabilidad de que el gobierno siga en el poder.
Esta forma de desincentivar el trabajo dispara el gasto corriente, y por lo tanto el déficit y la deuda pública, de lo que se deriva inevitablemente que haya menos recursos para invertir.
Una menor inversión pública implica un mayor número de accidentes y averías de tren, más accidentes en las carreteras, y mayores daños por incendios e inundaciones, en resumen, desincentivar el empleo se paga, además de con mucho dinero, con pérdidas económicas y de vidas humanas, y también con el estancamiento de la productividad y de los sueldos.
Después de los primeros doce meses, las ayudas y subsidios deberían ser notablemente inferiores al SMI ya que de lo contrario actúan como un potente desincentivo al trabajo. En todo caso, lo que no admite duda es que deben ser temporales y nunca permanentes, salvo casos muy excepcionales, y estar condicionadas a la mejora de la formación y capacitación profesional de los perceptores. El vivir permanentemente de las ayudas debería ser erradicado.
Una sociedad que padece un invierno demográfico y que fomenta que millones de personas sanas y en edad de trabajar vivan ociosas a costa del estado cuando hay cientos de miles de empleos sin cubrir es una sociedad condenada al empobrecimiento y al atraso. La riqueza y el progreso son el fruto del trabajo, del ahorro y de la inversión, tres factores que este gobierno no incentiva, de ahí que el cohete de Pedro Sánchez se parezca tanto al transbordador espacial Challenger.