La Prevaricación Judicial
En un Estado de Derecho, la independencia judicial es un principio fundamental que garantiza el equilibrio entre los poderes del Estado. Sin embargo, cuando el poder ejecutivo influye sobre el judicial para validar leyes injustas o consolidar su dominio, se produce un grave caso de prevaricación institucional, como sucede con el Tribunal Constitucional y la Fiscalía.
La prevaricación judicial en favor del gobierno implica que los jueces, en lugar de actuar conforme a la ley y la Constitución, dictan resoluciones o actúan para legitimar decisiones políticas, incluso cuando estas vulneran derechos fundamentales o son abiertamente injustas.
Se trata de una forma de abuso de poder en la que jueces, magistrados o tribunales fallan a favor del gobierno de turno, no porque la ley lo respalde, sino porque obedecen presiones políticas, buscan beneficios personales o simplemente temen represalias.
Esto se traduce en la validación de leyes que vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión, la propiedad privada o el debido proceso, y favorecen a grupos de poder afines al gobierno, asegurando su control sobre sectores clave.
Las razones por las cuales algunos jueces actúan en favor del poder político son diversas:
En algunos regímenes, los jueces son designados por el propio gobierno, lo que compromete su imparcialidad; circunstancia que en determinados tribunales el Sanchismo, realiza.
Por otro lado, cuando los jueces dictan fallos contrarios al gobierno, de una forma u otra, el ejecutivo busca la manera de que sean destituidos, investigados, reprobados, perseguidos o difamados, como son los casos con el Juez Peinado y muy pronto la Jueza Beatriz Biedma
Es evidente, que algunos magistrados reciben beneficios, ascensos o privilegios a cambio de resoluciones más prevaricadoras que justas, por eso, los gobiernos buscan respaldo jurídico para disfrazar de legalidad decisiones que, en el fondo, son arbitrarias.
Cuando los jueces se convierten en instrumentos del poder, las consecuencias son devastadoras, porque si los ciudadanos perciben que los jueces fallan según intereses políticos y no en base a la ley, la legitimidad del sistema se desmorona.
Todo apunta a que la justicia se convierta en un arma del gobierno para reprimir opositores, legalizar abusos y silenciar críticas. Y si los tribunales avalan leyes injustas, los derechos de la población quedan en riesgo, mientras el gobierno y sus aliados quedan impunes y los ciudadanos comunes se enfrenten a un sistema sesgado en su contra.
A lo largo de la historia, ha habido numerosos casos en los que los jueces han actuado en favor del poder político. Normalmente de regímenes autoritarios o gobiernos con tendencias totalitarias, donde la justicia ha sido utilizada para validar leyes represivas, entre ellos, el caso más claro ha sido Maduro en Venezuela y la permisividad de la UE, para mantener el silencio ante las aberraciones que el Sanchismo viene consolidando, lo que deja en una posición de dudosa imparcialidad, a Ursula Von der Leyen, a la que los alemanes se quitaron de encima mandándola a Bruselas.
Todavía, nos encontramos en una fase, en la nos toca ver reformas constitucionales ilegítimas con el respaldo de jueces afines; leyes que limitan libertades; sentencias que avalan restricciones a la prensa, la protesta o los derechos individuales bajo justificaciones legales dudosas; procesos judiciales politizados; casos donde opositores políticos serán condenados con pruebas débiles, mientras aliados del gobierno son absueltos pese a evidencias claras.
Para evitar que el sistema judicial sea utilizado como un instrumento del poder, es necesario denunciar internacionalmente lo que sucede en nuestro país, pero no, con un líder de la oposición de dudosísima honradez moral; si como muestra, consideramos, aparte de su pasividad pactada con Sánchez, analizamos el caso de su mansión ilegal en Moaña, donde desde hace años lleva obstaculizando el proceso legal para ser derruida, y ahora ha pedido una moratoria de 30 años para seguir utilizándola ¿a cambio de qué? evidentemente de mirar para otro lado y pactar con Sánchez aspectos en los que secretamente se pondrán de acuerdo.
La prevaricación judicial en favor del gobierno no solo es una traición al derecho, sino también a la democracia y la libertad. Cuando los jueces dejan de ser guardianes de la justicia para convertirse en cómplices del poder, la sociedad entera sufre las consecuencias.
Es fundamental que la ciudadanía y las instituciones defiendan la independencia del poder judicial, exijan transparencia y combatan cualquier intento de manipulación legal con fines políticos. Solo así se podrá garantizar que la justicia siga siendo un pilar de equidad y no un instrumento de opresión, teniendo en cuenta, que para colmo, el pueblo, ha perdido la soberanía, a partir de un Congreso que con 179 individuos de mal pelaje constitucionalista están dispuestos a dividir España y constituir repúblicas lo antes posible, y así, obviar los comicios del 2.027.