La política de ciudad da la espalda al medio rural: El lobo desangra Castilla y León ante la sumisión política

La incorporación de España a la Unión Europea ha supuesto, para el medio rural de Castilla y León, un desmantelamiento sistemático disfrazado de progreso. Quienes conocemos al milímetro cada rincón de esta tierra por haber gestionado sus intereses en primera línea —desde la Consejería de Medio Ambiente hasta la de Cultura y Turismo, y muy especialmente durante ocho años al frente de la Consejería de Agricultura y Ganadería y la presidencia de las Cortes autonómicas— sabemos perfectamente que estamos entre las tres regiones más extensas de Europa. Con nuestros 94.000 kilómetros cuadrados, superamos con creces en superficie a 17 países de la UE. Sin embargo, esta inmensa identidad rural nos ha convertido en el blanco perfecto de políticas destructivas dictadas por burócratas ciegos. Hemos visto cómo se utilizan fondos públicos para triturar nuestras producciones. Nos obligaron a sacrificar la cuota láctea, ahogaron la remolacha y erradicaron el tabaco de nuestras vegas. Ahora, Bruselas dicta la sentencia de muerte del sector ovino ante la total sumisión del Gobierno central, que asiste de brazos cruzados al dramático envejecimiento de nuestros agricultores y ganaderos. Hoy, la legítima defensa del campo exige una combatividad absoluta frente a Madrid y la Agenda 2030. No se puede proteger nuestra soberanía alimentaria rindiendo pleitesía a dogmas globales que pretenden vaciar nuestros pueblos. Castilla y León necesita urgentemente que la gestión del territorio se plantee desde la experiencia y el conocimiento directo del terreno, sin las ataduras políticas que hoy atenazan al Ejecutivo central. Frente al sectarismo ideológico del Ministerio, la solución no es resignarse; es aplicar soluciones medioambientales rigurosas y valientes que otros países ya ejecutan con éxito. Francia abandera el modelo de "defensa activa", autorizando a los agricultores y ganaderos a disparar de forma defensiva para repeler ataques inminentes y adaptando los límites de extracción biológica según el daño real. Noruega y Suecia aplican la "zonificación ecológica", delimitando áreas de exclusión del lobo donde la prioridad ganadera es absoluta. Eso es gestionar con ciencia y sentido común, que es lo que se debería de imponer en este tema y en muchos otros en la política que se desarrolla en nuestro país. El último informe del Ministerio para la Transición Ecológica que se presentó en Conferencia sectorial el pasado 6 de julio a los consejeros de todas las autonomías afirma que el estado del lobo "no es favorable". Es una desfachatez de salón. Los datos reales son incontestables: en España se registran 8.000 ataques de lobo al año, y Castilla y León soporta la mitad de ese infierno. En 2024, sufrimos 4.000 ataques que masacraron a 6.000 cabezas de ganado. Albergamos el 60% de las manadas del país y alimentamos a más de 1.700 lobos a costa de la ruina de nuestros agricultores y ganaderos. El problema del lobo afecta al noroeste de España, incluyendo a Asturias y a Galicia, pero con los datos en la mano Castilla y León es la verdaderamente perjudicada por la importancia de su cabaña ganadera. En Castilla y León se destinan aproximadamente dos millones de euros anuales a indemnizar los daños a los ganaderos, pero esto apenas cubre el 65% de las pérdidas reales. Los ganaderos no quieren limosnas; exigen prevención y que se detengan los ataques en origen. Nuestro Estatuto de Autonomía otorga competencias plenas que el Gobierno central pisotea. Es hora de que los burócratas salgan de sus despachos climatizados de Madrid, pisen el barro y miren a la cara a los más de 36.000 ganaderos de Castilla y León. Legislar de espaldas al campo no es proteger la naturaleza; es dictar el exterminio definitivo de nuestros pueblos.