¿Podemos tener democracia sin unas elecciones transparentes?
Esta es una de las preguntas retóricas que un gran número de personas y colectivos, cada vez más numeroso, nos hacemos y lanzamos al resto de la ciudadanía. Creo que no es necesario recordar que una verdadera democracia se sustenta sobre la base de que los procesos electorales sean legales y transparentes, es decir, que los ciudadanos podamos confiar y también velar libremente por su cumplimiento, en España esto lo regula la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), verdadero baluarte de la que debería ser la independiente y apartidista Administración Electoral del Estado.
La respuesta, nosotros la conocemos, pero vengo a lanzarla hoy aquí desde la experiencia de un colectivo y una asociación que trabaja por dicha transparencia electoral. .
Irregularidades
Y digo que la conocemos porque tenemos los documentos que acreditan dicha falta de transparencia e irregularidades: grabaciones legales de audios y vídeos, datos del Instituto Nacional de Estadística, publicaciones de episodios electorales descritos en medios de comunicación acreditados, testimonios personales y colectivos contrastados, etc. Están peritados informáticamente, como nos requiere la experiencia y los organismos judiciales y de control en los que lo exponemos y lo demandamos. Dichos organismos oficiales son: la Junta Electoral Central y sus Juntas Electorales Provinciales, los Juzgados de Instrucción, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el Portal de Transparencia, etc. Pero todos sabemos de quién dependen. ¿Y la fiscalía de quién depende?... Pues eso.
La Junta Electoral Central no atiende ni resuelve, desde hace muchos años, ninguna de las demandas previamente peritadas de la sociedad civil respecto a la falta de transparencia electoral, a la no resolución de irregularidades en los procesos electorales, al incumplimiento de la LOREG, a la no publicación de las actas electorales, etc. La lista de irregularidades es extensa y no cabe en este artículo.
Recordemos, entre otras, las últimas elecciones en Venezuela donde el gobierno no ha publicado las actas electorales y la oposición política sí lo ha hecho al ponerse de acuerdo en conseguirlas de forma fidedigna y publicarlas internacionalmente. Este es un claro ejemplo de a lo que se puede llegar en una deriva que se puede calificar, pero en la que aquí y ahora no entraré. El conflicto se trata en esferas internacionales como corresponde a un hecho de tanta gravedad y envergadura política y social.
La Sociedad Civil se organiza frente a las irregularidades
La APET, Asociación Plataforma Elecciones Transparentes, creada en 2019 por la sospecha de que se hubieran podido cometer supuestos delitos de fraude electoral años atrás, ha venido constatando desde entonces numerosas irregularidades flagrantes en todos los procesos electorales y el no cumplimiento de la LOREG, lo ha denunciado públicamente y ha dotado a los órganos de control y a los tribunales de los documentos audiovisuales de dichas infracciones. Mediante peritación informática forense se han dado garantías de la veracidad y no manipulación de dichos documentos de denuncia y se han trasladado también a organismos de control y tribunales europeos donde siguen su curso.
Es importantísimo para un sistema democrático la verdadera Transparencia Electoral, el cumplimiento de las Leyes, y poder auditar fehacientemente los procesos electorales y sus resultados puesto que no se cuenta con las garantías anteriores. En eso estamos muchas personas y colectivos que trabajamos para exponer estas graves deficiencias en nuestro sistema democrático.
Procesos de garantía a seguir
Las elecciones deben ser transparentes y la sociedad civil exige la publicación de todas las actas electorales de mesa, la misma noche electoral, en el Portal de Transparencia y/o en una web oficial del Estado. Es requisito necesario, que está reconocido en la Ley y que la Junta Electoral Central ha demandado al Ministerio del Interior sin que este lo considere y lo implemente. La publicación de las actas en los colegios electorales no se cumple. Se exige que se dote de las necesarias garantías informáticas a dicha web y las demás webs involucradas en los procesos electorales, constatamos que hubo apagones informáticos.
De igual forma las elecciones deben ser legales como corresponde a un Estado de Derecho. La sociedad civil exige el respeto a los procedimientos establecidos en las Leyes y sobre todo a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, especialmente en lo que se refiere a los Escrutinios Generales que se realizan cinco días después de las elecciones en las Juntas Electorales Provinciales y en las que se ha de abrir cada uno de los sobres de actas precintados para proceder a la suma de votos de cada partido político. Este es el único Escrutinio válido según la LOREG, no vale ninguno provisional: los resultados ofrecidos por la empresa adjudicataria INDRA la noche electoral actúan como cajas negras y opacas, por lo que sus resultados no son fiables, ni legales. Sin Escrutinio General el Parlamento es ilegal.
De la misma marera las elecciones deben ser auditadas por organismos independientes internacionales. La sociedad civil, ante la experiencia y denuncias de años anteriores, exige al Gobierno Nacional la aceptación de este precepto y solicita la participación de organismos como el Centro Carter, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, etc.
La Junta Electoral Central, órgano de supervisión de la transparencia y legalidad de las elecciones, está politizada y tomada por los partidos políticos, al igual que el Poder Judicial. En la última renovación de 5 de sus 13 miembros los partidos políticos excluyeron al tercer partido político en número de votos del Estado, que quedó sin representación. Por el principio democrático de la separación de poderes es necesario y se exige una Administración Electoral del Estado independiente, apartidista, imparcial y soberana.