La locura trans llega a los campamentos infantiles: urge una reforma legislativa
Lo que acaba de suceder en un campamento en el País Vasco no es un hecho aislado, sino la consecuencia esperable de una ley profundamente errónea: la llamada Ley Trans. Allí, bajo el pretexto de la “inclusión trans”, se permitió la mezcla de menores en duchas y la exposición desnuda de adolescentes en un contexto supuestamente educativo. Los organizadores lo presentaron como “una oportunidad para romper estigmas y liberarnos de la vergüenza y la sexualización”, alegando que “en nuestra sociedad, los baños y las duchas son una herramienta para dividir a las personas según una lógica binaria y el género”, y que “esta división, además de excluir diferentes cuerpos e identidades, provoca situaciones de incomodidad y discriminación”. Incluso defendieron que la experiencia “cuestiona el binarismo impuesto, promueve la normalización de los cuerpos y busca ayudar a construir entornos más habitables”.
Estamos, en realidad, ante un despropósito jurídico y mental que confirma lo que he venido advirtiendo en mis publicaciones: la Ley Trans no es un avance en derechos, sino un dispositivo destructor que vulnera a las mujeres y expone a la infancia a situaciones inadmisibles, esencia de las políticas woke, que pretenden convencernos de que la normalidad es la anormalidad biológica, sexual y hasta educativa de nuestros hijos.
En mi artículo “El PSOE veta a una experta en violencia contra las mujeres por sus críticas a la Ley Trans” señalé cómo en España los partidos de izquierda, extrema izquierda y el PP me silenciaron por alzar la voz contra esta norma, censurando mi intervención en el Congreso en el Pacto contra la violencia sobre mujeres y menores.
En una entrevista, El sexo no es mutable”, y en muchas de mis declaraciones he advertido que la autodeterminación de género basada en la mera voluntad erosiona la arquitectura jurídica de protección de las mujeres y genera efectos devastadores en la aplicación de la Ley de Violencia de Género y en los derechos de mujeres y menores.
Y en mi análisis sobre “Las implicaciones legales y sociales del registro de cambio de sexo” mostré cómo el sistema permite, a través de un coladero registral, que los agresores intenten diluir responsabilidades, afectando directamente a víctimas de violencia machista.
Además, todas las leyes de igualdad y protección a las mujeres decaen porque, al eliminar el concepto de sexo y hacer que estas normas dejen de basarse en el hecho inherente de ser mujeres, pierden su sentido y eficacia.
El caso del campamento refleja la degradación a la que se llega cuando el legislador sustituye la realidad biológica por la ficción identitaria. La protección de la infancia (art. 39 CE) y el derecho a la intimidad (art. 18 CE) quedan supeditados a un experimento político que no reconoce límites ni salvaguardas y destruye las infancias de manera irreversible, en edades donde la indefinición y la confusión sexual y personal son propias de la infancia y la adolescencia.
La exclusión de los padres de la vida de sus hijos constituye una vulneración del legítimo derecho a ejercer la patria potestad.
No es inclusión, es desprotección. Se está obligando a menores a compartir espacios íntimos sin consideración a su edad, madurez psicológica o consentimiento familiar. Se está vulnerando la confianza básica que las familias depositan en instituciones educativas y de ocio.
No basta con la crítica: urge la acción. Por ello, como ya he anunciado en otras ocasiones, este otoño presentaré una propuesta de modificación legislativa a los partidos que me quieran recibir en el Congreso para revertir esta deriva. La reforma debe:
- Suprimir la autodeterminación de género sin garantías objetivas.
- Establecer requisitos médicos y psicológicos serios para cualquier cambio registral.
- Blindar la protección de mujeres y menores frente a fraudes procesales.
- Prohibir expresamente prácticas que pongan en riesgo la intimidad y dignidad de los menores en espacios educativos o recreativos.
- Recuperar totalmente el ejercicio de la patria potestad en este ámbito, usurpado por la actual norma.
La política woke ha fabricado una ficción legal que destruye derechos reales. La Ley Trans, lejos de ampliar libertades, las ha recortado para quienes más protección necesitan: mujeres víctimas de violencia y menores.
El campamento vasco ha mostrado el coste de este delirio. Ahora toca recuperar la cordura legislativa. Y mi compromiso es claro: llevaré al Congreso la voz de la razón jurídica para restituir la verdad, la dignidad y los derechos de quienes hoy están siendo silenciados. En esta lucha también me encontrarán, para mejorar el país en el que vivimos.