La lenta erosión del equilibrio

Hay ideas que nacen con vocación de equilibrio, no de perfección. Una de ellas la formuló Montesquieu hace ya casi tres siglos: dividir el poder para que nadie lo tenga todo, para que el propio sistema se vigile a sí mismo.

No era una idea ingenua, al contrario, partía de la desconfianza a quien tiene poder y tiende a querer más. Siempre ha sido así.

En España, esa arquitectura sigue en pie… al menos en apariencia. Ejecutivo, legislativo y judicial siguen ahí, perfectamente definidos en los textos. Pero cuando uno se detiene a observarlos con calma, la sensación es distinta. No es que el edificio haya colapsado; es que sus muros parecen haberse ido desplazando, casi imperceptiblemente, con el paso del tiempo.

No ocurrió de un día para otro. No hubo una ruptura clara, ni un momento en el que alguien pudiera decir “aquí empezó todo”. Fue algo más sutil. Más maquiavélico, si se quiere. Una sucesión de pequeñas cesiones, de equilibrios reinterpretados, de límites que se fueron estirando porque, en cada momento, resultaba conveniente hacerlo.

El poder ejecutivo, como ocurre en casi todas partes, ha aprendido a moverse con soltura en ese terreno. Gobernar exige eficacia, rapidez y control. Y esas tres cosas, llevadas al extremo, tienden a incomodar a los contrapesos. No hace falta encararlos frontalmente; basta con rodearlos, condicionarlos o, en ocasiones, integrarlos en la propia lógica del poder.

El legislativo, que debería ser el espacio de representación y control, ha ido perdiendo aire propio. La disciplina de partido, necesaria en cierta medida, ha terminado convirtiéndose en una forma de dependencia difícil de disimular. Cuando el escaño se debe más a quien confecciona una lista que a quien deposita un voto, la lógica cambia. Y con ella, la función.

El judicial, por su parte, se mueve en un terreno aún más delicado: el de la confianza. No necesita tanto ser independiente, como parecerlo. Y ahí es donde surgen las grietas. Cuando los mecanismos de designación se perciben como prolongaciones del pulso político, aunque sean legales, la sospecha se instala. Y una vez instalada, es difícil de erradicar.

Ahora bien, detenerse ahí sería cómodo, pero hay una pregunta que inquieta más que todas las anteriores: ¿en qué medida hemos permitido, como sociedad, que esto ocurra?

Las democracias no se degradan solo desde arriba. También lo hacen cuando desde abajo se relaja la exigencia. Cuando se justifica lo cuestionable si lo hacen “los nuestros”. Cuando el debate se convierte en trinchera y no en diálogo. Cuando la crítica deja de ser transversal y pasa a ser selectiva.

Quizá no hubo un momento en el que todo se nos escapó de las manos. Quizá, simplemente, dejamos de sujetarlo con la misma firmeza.

Y así, casi sin darnos cuenta, la separación de poderes no desaparece, pero se vuelve más difusa. Sigue existiendo en los textos, en los discursos, en la liturgia institucional. Pero en la práctica, pierde densidad, pierde tensión, pierde sentido.

El riesgo no es que el sistema deje de llamarse democrático. El riesgo es que lo siga siendo, pero cada vez un poco menos.