El gobierno de Boric extorsiona a las Fuerzas Armadas chilenas

Cuando el precio del cobre - principal producto de exportación chileno - se acerca de a poco a los 5 euros la libra, las FFAA chilenas sufren penurias por restricciones económicas. En 1958 bajo el gobierno del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, se aprobó una ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas chilenas, en la que se utilizaban recursos provenientes de la gran minería para asegurar capacidades operativas y estratégicas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En 2019, bajo el gobierno de Sebastián Piñera y con mayoría opositora en la Cámara de Diputados, se derogó la Ley Reservada del Cobre, que había sufrido distintas modificaciones. Con esto, las Fuerzas Armadas quedaron expuestas a lo que determine el presupuesto de la Nación. Sin embargo, la grave situación de las arcas fiscales chilenas y una evidente discriminación a las entidades militares, los recursos han sido reducidos y más grave aún, no se ha cumplido con los desembolsos asignados por ley. Adicionalmente, a las Fuerzas Armadas se les han aumentado sus labores de control de la frontera norte, para impedir inmigración ilegal y controles en la macrozona sur, en cuyo entorno actúan terroristas con “fines reivindicatorios” de tierras. Esta semana en una reunión sostenida en el Congreso por los altos mandos, en el marco de la discusión legislativa para el presupuesto 2026, se ha destapado el hecho de que solo al Ejército de Chile le hacen falta al menos 35 millones de euros, para llegar a fin de año. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas chilenas cumplen un rol de supervisión de la seguridad del proceso eleccionario presidencial próximo, a desarrollarse en noviembre. De existir segunda vuelta, en diciembre se llevará a cabo un segundo proceso electoral. Los recursos para llevar adelante estas tareas están en riesgo. Lo sorprendente de esta realidad, es que al gobierno de Boric, no le faltan recursos para nuevos memoriales históricos que promueven una historia falsa y sesgada. Tampoco le faltan recursos para financiar todo tipo de fundaciones cercanas a la izquierda, cultura a su medida e innumerables viajes de promoción de la “política exterior feminista” llevada a cabo por el Ministerio de Exteriores. El Estado de Chile ha aumentado el número de funcionarios en 100 mil, bajo el gobierno de ultraizquierda. Chile es un país que ha sufrido amenazas y conflictos, tanto en su frontera norte, como en su extensa frontera con Argentina. Aunque hoy no existen conflictos inminentes, su compleja geografía y su condición de país marítimo, requieren recursos para su defensa territorial y para asegurar la paz. Los jóvenes gobernantes, que ahora apoyan una candidata comunista - caso raro en el mundo - siempre le han tenido odio a las Fuerzas Armadas chilenas. Su máxima venganza ha sido mantener prisioneros a oficiales de 80 y 90 años, quienes mueren cada día enfermos y abandonados. Para ellos no hubo justicia, pues algunos fueron entonces jóvenes oficiales que cumplieron órdenes y en muchos casos ni siquiera participaron como autores de hechos reprobables. Los chilenos esperan, que esta maldita persecución tenga un fin próximamente. Todo indica que la derecha regresará al poder y los izquierdistas furibundos - un 30 % - tendrán que acostumbrarse a ser oposición y sus líderes a volver a trabajar. A ellos les gusta vivir del Estado y de los organismos internacionales. Quien no sufrirá apremios económicos, será Boric, que sin cumplir aún 40 años, tiene asegurado su salario de por vida. Se le verá dictando conferencias entre los “progres” de todo el mundo, contando su historia y la de un grupo de inexpertos que llegaron a gobernar Chile sin tener la experiencia ni las capacidades para ser eficientes. Boric en marzo de 2026, entregará un país endeudado, dividido, asediado por el crimen organizado y con unas Fuerzas Armadas que tendrán que recuperar su dignidad, arrebatada desde la billetera fiscal, en otras palabras, una vez más han sido extorsionadas.