España ante el abismo inmobiliario: ¿Más Estado o más mercado?
Mientras el sector inmobiliario español arrancará el primer semestre de 2026 con precios que rozan lo estratosférico y una deuda pública que amenaza con devorar el presupuesto nacional, no puedo dejar de pensar que estamos ante un drama evitable.
Con valores de la vivienda superando los 2.150 euros por metro cuadrado y alquileres subiendo un 6,8% anual, el "ladrillo" se ha convertido en un lujo para pocos, agravado por una inflación persistente, desempleo crónico y políticas intervencionistas que, en manos de un gobierno radicalizado por ideología, pero huérfano de ideas prácticas, no hacen más que oscurecer las pocas luces que podría generar un mercado donde reinasen el libre intercambio y la inviolabilidad de la propiedad privada. En mi experiencia como profesional del sector, este intervencionismo no resuelve; al contrario, perpetúa un ciclo de rebotes económicos que fomenta dependencia y erosiona la iniciativa individual.
Inflación y ocupación: indicadores que claman por libertad económica
Los datos son implacables: la inflación para 2026 se estima entre el 1,8% y el 2,0%, según proyecciones del Banco Central Europeo y la Cámara de Comercio de España, un alivio tímido respecto al 2,1% de 2025 que sigue erosionando el poder adquisitivo de las familias. Esta presión, alimentada por costes energéticos y rigideces salariales, convierte la adquisición de vivienda en un obstáculo insalvable, incrementando desigualdades.
Paralelamente, el desempleo se mantiene en torno al 11%, mientras la ocupación podría alcanzar los 22,7 millones de personas, impulsada en gran medida por flujos migratorios que enmascaran la precariedad subyacente. Contratos temporales dominan el 25% del mercado laboral, y salarios medios que apenas superan los 2.000 euros netos mensuales limitan la movilidad y el acceso a hipotecas.
En este contexto, un sector inmobiliario liberado podría ser un motor de empleo: estudios indican que una caída del 30% en precios podría generar hasta 410.000 puestos nuevos al liberar recursos para inversión y consumo. Aquí radica el fracaso del intervencionismo: en lugar de fomentar competencia, crea barreras que perpetúan un desempleo estructural, dejando a millones atados a subsidios que, aunque necesarios en crisis, generan una dependencia crónica del Estado y evitan empleos formales por temor a perder las ayudas, siempre a costa de un sistema opaco donde la corrupción acecha en asignaciones discrecionales.
El rebote de las intervenciones: de la ideología a la ineficiencia corrupta
Las políticas intervencionistas, teñidas de radicalismo ideológico pero carentes de innovación real, actúan como un velo que oscurece el potencial luminoso de un mercado inmobiliario guiado por principios de libre mercado y respeto a la propiedad privada. Imaginemos un escenario alternativo: sin topes artificiales a los alquileres, la oferta florecería, atrayendo inversores y reduciendo precios mediante competencia natural. En cambio, estas medidas han contraído la disponibilidad un 12-15% en zonas tensionadas, según el Banco de España, provocando un "efecto rebote" donde los valores se disparan en áreas no reguladas, agravando la inflación subyacente al 2,3% y fomentando la economía que a tantos les gusta, la sumergida.
Este intervencionismo ideológico, falto de ideas frescas, no solo rigidiza el mercado laboral —complicando despidos y encareciendo contrataciones— sino que erosiona la propiedad privada al tolerar ocupaciones ilegales, reduciendo la oferta y elevando costes. El resultado no es otro que un círculo vicioso que perpetúa desigualdades, donde el Estado se convierte en un guardián paternalista que, en realidad, frena el emprendimiento y la movilidad social.
En mi humilde opinión, 2026 debería ser el año de la desregulación inteligente: incentivos fiscales para constructores, protección férrea de la propiedad y flexibilidad laboral para romper dependencias. Solo así disiparemos las sombras de un intervencionismo ideológico que, falto de visión, condena a millones a un sistema cada vez más opaco y dependiente. El "ladrillo" no es el problema; es la oportunidad que estamos desperdiciando. Es hora de elegir libertad sobre control, para que España no se quede atrás en la recuperación global.