La desclasificación del 23-F y la estrategia política del Gobierno
La decisión del Gobierno de anunciar la desclasificación de documentos relativos al golpe de Estado del 23-F no es un gesto inocente ni meramente historiográfico; en mi opinión, esta iniciativa obedece, fundamentalmente, a tres objetivos políticos muy concretos.
Desde una perspectiva jurídico-constitucional, conviene recordar que la política de archivos y la gestión de la documentación clasificada forman parte del núcleo de la responsabilidad institucional del Estado, en la medida en que afectan tanto a la seguridad jurídica como a la estabilidad del sistema constitucional y a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La transparencia es un valor democrático indiscutible, pero no puede convertirse en un instrumento de manipulación política del pasado ni en una herramienta de reescritura interesada de episodios fundacionales del régimen constitucional vigente.
En primer lugar, esta iniciativa responde a las concesiones permanentes a los nacionalistas y a la extrema izquierda, a los que es necesario alimentar con nuevos relatos y con una revisión interesada del pasado para mantenerlos dentro del bloque de apoyo parlamentario. La reescritura del 23-F encaja en esa lógica de construcción de un discurso político funcional para quienes necesitan cuestionar los consensos de la Transición y el marco constitucional de 1978. No se trata aquí de promover una investigación histórica libre y rigurosa, sino de introducir un elemento más en la batalla política contra los pilares del sistema constitucional, utilizando el pasado como campo de confrontación ideológica y en relatos manipulados y adoctrinantes.
En segundo lugar, esta operación tiene como efecto —y en buena medida como propósito— dañar a las figuras e instituciones que simbolizan el consenso constitucional, desde responsables políticos (incluso de su propio partido) de la época hasta la propia arquitectura del Estado surgida de la Transición. La experiencia comparada muestra que la deslegitimación retrospectiva de los procesos de transición democrática suele ser un paso previo a la erosión de la confianza en las instituciones presentes. No se trata de esclarecer la historia con rigor metodológico y con respeto a las fuentes, sino de erosionar referencias, sembrar sospechas y alimentar una narrativa de desconfianza estructural hacia el sistema democrático español.
Y, en tercer lugar, la desclasificación se inserta en una estrategia más amplia de desestabilización de la Corona y del modelo constitucional, con el objetivo último de abrir el camino a un debate sobre la forma de Estado, introducir la idea de un referéndum sobre la República y mantener un clima permanente de confrontación y ruido político. Este tipo de dinámicas no son ajenas a otros procesos de polarización institucional en Europa y en América Latina, donde la revisión interesada del pasado reciente se ha utilizado como mecanismo para debilitar los equilibrios constitucionales y cuestionar la legitimidad de los marcos jurídicos vigentes.
Todo ello funciona, además, como una eficaz cortina de humo para desviar la atención de los problemas reales del país y de la debilidad parlamentaria del Gobierno.
Desde el punto de vista del Derecho constitucional, resulta especialmente preocupante que se utilice un episodio tan sensible como el 23-F no como objeto de estudio serio y desapasionado, sino como herramienta de lucha política. La Constitución de 1978 se asienta sobre un pacto histórico de reconciliación, integración y consenso, y la estabilidad del sistema depende en buena medida de la preservación de ese legado, sin perjuicio del análisis crítico y académico que toda etapa histórica merece.
Desde esta perspectiva, la iniciativa no responde a una voluntad sincera de transparencia institucional ni a un ejercicio de memoria histórica rigurosa, sino a un uso instrumental del pasado con fines políticos presentes. El 23-F, un episodio clave en la consolidación de la democracia española, es así convertido en munición partidista de la izquierda en lugar de ser tratado con el rigor, la prudencia y el respeto institucional que exige su relevancia histórica y constitucional.
Pero, ya sabemos que pare ellos, lo importante no es cerrar heridas, sino provocar la desangración del Sistema para mantenerse en el poder.